Un rumbo preocupante

La posibilidad de un cercano comunicado de ETA ha provocado en la clase política reacciones de distinta índole sobre el siguiente paso de la banda. El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, aclaró ayer que no se espera la disolución de la banda. En términos muy parecidos se expresó el fiscal coordinador de Terrorismo de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, que confirmó que «ETA mantiene su entramado militar, logístico y político». Nuestro periódico publica hoy en exclusiva que la banda y personas con acceso al Gobierno intercambian mensajes a través de la fundación suiza Henry Dunant, que ya actuó como intermediaria en la negociación de 2006-2007.

A través de este «buzón», ambas partes logran información para confeccionar su estrategia a corto y medio plazo, tomar las decisiones correspondientes y reaccionar ante distintas coyunturas. Inevitablemente el funcionamiento de este «buzón» debe ser enmarcado en una secuencia de acontecimientos que configura una escenografía alarmante: la legalización de Bildu y la más que probable de Sortu, las decisiones de Interior con determinados presos terroristas, las interpretaciones laxas de la Ley que están permitiendo homenajes a los reclusos etarras, los fallos favorables a Arnaldo Otegi, que está a un paso de recuperar la libertad, y las maniobras del Ejecutivo para desactivar el escándalo del chivatazo a ETA, entre otros. Hablar de situaciones circunstanciales en la lucha contra el terrorismo es posible, pero poco probable.

Como publica hoy LA RAZÓN, en el Partido Popular sopesan además la posibilidad de que el Gobierno blinde un falso escenario de alto el fuego con actuaciones políticas y jurídicas de rectificación compleja. Los populares están obligados a actuar con prudencia, como siempre lo han hecho en esta materia, pero no pueden ni deben asumir una política de hechos consumados nociva para el Estado de Derecho como la que pueden heredar. El PP tiene que estar especialmente atento a lo que se mueve entre bastidores y mantener a toda costa su decisión de expulsar a Bildu de las instituciones y de reactivar el cerco contra el entramado de ETA.

Los episodios de estas últimas semanas nos evocan la etapa del mal llamado proceso de paz, en el que se sobrepasaron varias líneas rojas de la democracia. Se buscaron atajos a costa de acabar con la unidad de los demócratas y se cayó de bruces en la tregua-trampa de ETA. Aquello tuvo un desenlace trágico. Esperemos que no se cometan los mismos errores y que no se busque como sea un escenario artificial para amortizarlo electoralmente. Sería un error histórico que pagaríamos todos. La dignidad del Estado de Derecho, la superioridad moral de las víctimas y la memoria de los muertos sólo hacen aceptable un final con vencedores y vencidos, con resarcimiento del daño causado a los inocentes, el arrepentimiento público de los asesinos y el cumplimiento de las penas. Si el final no se atiene a estas condiciones, ETA podrá entender con razón que los más de 800 asesinatos fueron necesarios y la democracia asumir que podría haberse ahorrado tanto dolor para acabar así.