Desalojan una vivienda de Aranjuez tras detectar temblores en el edificio

El temblor fue detectado minutos después de las 15 horas. Los vecinos, asustados, han salido a la calle y han avisado a la Policía Local, al 112 y al Ivima. Los inmuebles están situados en la calle de las Perdices confluencia con la calle Loyola, del ribereño barrio de L
as Aves.

Hasta el lugar se han acercado varias dotaciones de Bomberos de la Comunidad, que han entrado al edificio a valorar su situación estructural, ha indicado a Europa Press un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Los profesionales han recomendado el desalojo, pero será el perito judicial el que tomé esta decisión y la de precintar o no el edificio. También se han acercado a ese punto se han acercado técnicos municipales, del Ivima y representantes del Ayuntamiento de Aranjuez.

Los vecinos, que permanecen desde esta tarde fuera de sus casas, han denunciado el mal estado de sus edificios, construidos en la década de los 70. De hecho, han recordado que una sentencia de 2002 obliga al Instituto Nacional de la Vivienda de Madrid (cuyas competencias corresponden hoy del Ivima) y a la empresa constructora a subsanar todos los defectos existentes en los bloques originados por un vicio en la construcción, proyección, dirección o ejecución" de las obras.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, departamento al que pertenece el Ivima, han explicado a Europa Press que el Instituto de la Vivienda aceptó acatar "en todo momento"esta sentencia y de hecho, presentó un plan de actuación para ejecutarla, "pero fueron los propios vecinos de los inmuebles afectados los que no se pusieron de acuerdo en la manera de ejecutarla", puesto que unos eran más favorables al derribo y otros a la remodelación.

Ante esta situación, a finales de 2009 el juzgado nombró a un perito judicial para resolver como se tenía que llevar a cabo el fallo judicial. No obstante, las mismas fuentes han destacado que durante estos años el Ivima ha puesto en marcha un plan de reparación de fachadas peligrosas y ha mantenido contactos con vecinos, Ayuntamiento y con las constructoras para resolver este contencioso. Además, se abrió una oficina de información para atender y tramitar las incidentes.