Manifestaciones violentas

La Coordinadora 25S no pedirá autorización para rodear el Congreso el día 23

La Coordinadora 25S, organizadora de las protestas que llaman a rodear el Congreso de los Diputados, no tiene intención de solicitar autorización a la Delegación del Gobierno para ninguna de las próximas acciones convocadas, entre las que se encuentra una nueva protesta en los alrededores de la Cámara Baja el martes 23 y una manifestación desde Plaza de España hasta Neptuno (Plaza de Cánovas del Castillo) el sábado 27.

"No se va a pedir autorización. Entendemos que ya está comunicado y que la Delegación del Gobierno conoce nuestros pasos. Es una acción de desobediencia civil pacífica", ha explicado una de las portavoces de la Coordinadora.

Asimismo, el hecho de que el departamento dirigida por Cristina Cifuntes haya decidido sancionar con 6.000 euros al particular que decidió comunicar, por iniciativa propia, la primera protesta que tuvo lugar el 25 de septiembre en los alrededores del Congreso, les da "más razones que nunca"para no solicitar permiso, según esta portavoz.

"Da lo mismo pedirlo que no pedirlo. A la persona que legalizó las acciones del día 25 se le ha multado igual. Por ello no vemos la necesidad de comunicar", ha explicado, para añadir que la Constitución garantiza el derecho de manifestación.

Preguntada esta portavoz sobre si la Coordinadora podría llevar a cabo algún tipo de acción para ayudar al multado a hacer frente a la sanción, ha señalado que todavía no han tomado una decisión al respecto, si bien ha recordado que esta persona decidió pedir autorización "a título personal", sin contar con el consenso de la Coordinadora y de los colectivos que la conforman.

La Delegación del Gobierno ha alegado como motivos para sancionar al particular que durante las protestas que tuvieron lugar el día 25 en Neptuno no se garantizara "la seguridad de la protesta", que se saldó con 35 detenidos y 64 heridos a raíz de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios.

El departamento que dirige Cristina Cifuentes fundamenta el escrito, firmado el 15 de octubre, en el artículo 4.2 de la Ley que regula del Derecho de Reunión, que especifica que la responsabilidad de los actos derivados de una manifestación es de sus organizadores y que éstos deben garantizar el buen orden y la seguridad de las protestas para conseguir el buen curso de las mimas.

"En ningún momento se pudo apreciar por parte de la Policía la existencia de medidas de seguridad adoptadas por los organizadores de los actos ni de la actuación de un servicio de orden que velase por los mismos", apunta el escrito sancionador, que también recuerda a partir de las 19.00 horas, "se produjo un lanzamiento de objetos contundentes contra la Policía, intentos de traspasar el área de seguridad y agresiones a policías".