El 65% de los municipios acogidos al plan de ajuste subirá los impuestos

SEVILLA- Un informe realizado por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Financiera (Opaef), sobre la situación a la que se enfrentan los ayuntamientos sevillanos que se han acogido al plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno central, concluye que el 65% de los 72 consistorios que han presentado sus planes de ajuste al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrán que subir los impuestos y «casi la mitad» se verá obligado a reducir sus plantillas. Se trata de consecuencias «demoledoras y perversas», en palabras del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que criticó ayer tras conocer estos datos que con estos planes de ajuste «los únicos que ganarán serán los bancos y las grandes empresas», mientras los alcaldes se quedan en una situación de «indefensión absoluta». Desde Madrid se piden medidas duras de austeridad, como el ERE presentado en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que despedirá a casi 400 empleados. Hay que recordar que acogerse a este plan de financiación es voluntario y que ayuntamientos como el de Málaga o Dos Hermanas no lo han hecho debido a que pueden afrontar sus deudas.

En peor situación se encontrarán los ayuntamientos de Almensilla, El Coronil, Martín de la Jara, Olivares, Valencina de la Concepción y Osuna, que han visto rechazados sus planes de ajuste por Hacienda, ya que esta negativa supondrá la retención de la Participación de los Impuestos de Estados (PIE), fondos que suponen un importante sustento financiero para estos municipios.
Según mantiene el estudio de la Opaef, 35 de los 72 ayuntamientos que han presentado sus planes de ajuste adoptarán recortes de personal como «medidas de reducción de gasto», que les permita cumplir sus previsiones. Hay que recordar que la ayuda para pagar las facturas lleva pareja una serie de controles de las cuentas por parte del Estado y, por ello, una extrema austeridad durante la próxima década. Igualmente, según las cifras de la Diputación, 47 de los 72 ayuntamientos aprobarán, para aumentar sus ingresos, subidas de impuestos como el IBI, las tasas de basura y agua, las revisiones catastrales y los de tracción mecánica.

Para Villalobos son fruto de una «maniobra orquestada» del PP para «mermar el prestigio de los ayuntamientos». «En lugar de acosar con planes agresivos a los ayuntamientos y amenazarlos con fusiones entre ellos, el Gobierno debería ofrecer más transparencia en su gestión y abrir la mano para que los consistorios no se vean, como ya de hecho están, entre la espada de reducir plantilla y la pared de subir impuestos». También denunció que las entidades locales autónomas (ELA) no se puedan acoger al plan, por lo que criticó que «haya proveedores de primera y de segunda».