Se abre la puerta a privatizar las televisiones públicas

MADRID- El Consejo de Ministros dio ayer el primer paso adelante para cumplir con la promesa electoral del cambio en la actual Ley Audiovisual que abra la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas. El Gobierno central hará eso, abrir la puerta, para que luego cada comunidad elija el modelo de gestión que desee para sus canales de televisión pública. En su programa electoral el PP se comprometió a hacer la reforma legislativa necesaria para permitir la entrada de la participación privada en la gestión de las televisiones públicas, y a establecer techos máximos de gasto y de endeudamiento para todos los medios de comunicación públicos. Su compromiso también era estudiar la viabilidad económica del actual modelo de televisiones públicas para «redimensionarlas» y adaptarlas a la actual difícil coyuntura económica. De estas dos últimas propuestas no hay todavía novedad alguna. En campaña el PP llegó a hablar de una federación de canales autonómicos que permitiese a éstos compartir gastos. Según lo que informó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Consejo de Ministros validó un informe sobre el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual, que ahora será sometido a la preceptiva consideración de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y a la Comisión Nacional de la Competencia. Desde el Gobierno se hizo hincapié en subrayar que su propuesta no es un «modelo cerrado» y que ni mucho menos pretende decirles a las comunidades lo que tienen que hacer o imponerles un camino. Lo que les da es «libertad», a las comunidades y también a los ayuntamientos, para que decidan qué fórmula utilizan para la gestión de sus canales de la manera «más eficaz y eficiente». «No se trata de constreñir el marco de la gestión, sino de ampliar las posibilidades que tiene cada comunidad en el marco de sus estatutos y dentro de sus competencias para decidir cómo gestiona este servicio público, si directamente o con fórmulas de gestión indirectas», según la vicepresidenta. Por tanto, no se habla tampoco de cierres de canales autonómicos, sino de eficiencia y de cumplimiento del déficit, pero respetando la viabilidad de las televisiones siempre dentro de ese «amplio margen de decisión». Los presidentes autonómicos no tienen una posición concertada sobre el futuro de sus canales de televisión. Esperanza Aguirre, la presidenta de Madrid, y María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, han abogado en favor del modelo de la privatización, al contrario que la Generalitat catalana. Valencia tampoco quería oír hablar de privatización, pero la ruina de Canal 9 no les ha dejado otra opción, como ha reconocido su consejo de administración. Ahora está por ver qué inversión privada se atreve con situaciones de quiebra, como la de la televisión valenciana.