El Gobierno «premió» con juzgados a autonomías que no los necesitaban

MADRID- La carga de trabajo que padecen los jueces aumenta año tras año pese al esfuerzo de esos profesionales, cuya tasa de resolución se incrementa igualmente en cada periodo. A esa situación se ha llegado por varios factores, entre los que destacan una planta judicial insuficiente, un número muy superior al deseado de jueces y magistrados no profesionales y la creación de unidades judiciales por parte del Ministerio de Justicia en lugares donde no eran imprescindibles, y no haciéndolo, en cambio, en comunidades donde la litigiosidad y la acumulación de asuntos sí lo requería. Éstas son algunas de las conclusiones que se obtienen del informe 2011 realizado por el Observatorio de la Actividad de la Justicia, que preside el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, y dependiente de la fundación Wolters Kluwer, presidida por Rosalina Díaz.

El citado informe concluye que los jueces soportan un 15,43 por ciento más de carga de trabajo, es decir, la capacidad máxima de resolver asuntos por el conjunto de órganos judiciales, teniendo en cuenta los módulos de entradas fijados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para poder atender adecuadamente los procedimientos, se necesitarían 423 nuevos jueces, lo que repercutiría directamente en reducir la «Justicia interina», es decir, de jueces sustitutos y magistrados suplentes que no son profesionales.

Un aspecto relevante es el análisis de la relación entre la evolución de los últimos años y el número de asuntos ingresados en los juzgados. Así, se observa un «esfuerzo presupuestario» por parte del Gobierno socialista especialmente en los tres últimos años, mientras que «a estas alturas de 2011», lo que se observa es una «reducción de juzgados, por cierto, creados por la misma autoridad 12 meses antes», es decir, por el Ministerio de Justicia.

En este tema, de los 4.225 jueces y magistrados que había en 2005, con el PSOE ya en el poder, se ha pasado a 5.187 en 2010, lo que representa un incremento del 22,7 por ciento en ese periodo. En cambio, la carga de trabajo de los jueces, debido a la alta litigiosidad, ha crecido más de un 21 por ciento en esos mismos cinco años. Es decir, la creación de los nuevos juzgados no ha supuesto una disminución en los asuntos que debe resolver cada juez.

Una de las causas que incide en esa situación, según se destaca en el mencionado informe, es que en el proceso de negociación para la creación de nuevos órganos judiciales entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, éste «acoge un modelo que perturba la visión nacional, cual es adscribir a cada comunidad autónoma un número de plazas a crear en su territorio». Esto desemboca en que las que tienen menos necesidad –porque la relación entre jueces y litigiosidad es adecuada– resultan «beneficiadas», ya que «siempre reciben la creación de alguna unidad judicial nueva, en vez de visionar un mapa nacional que permitiera intensificar el nivel de creaciones en los territorios que verdaderamente lo necesitan, aunque alguna parte del territorio nacional no incrementara su número esa anualidad». Pese a que en el informe no se cita ninguna comunidad, fuentes jurídicas sitúan al País Vasco como una de las principalmente favorecidas.

Aligerar la factura de la Justicia
El director del Observatorio de la Actividad de la Justicia, Enrique López, considera que la crisis exige una «Justicia más económica» sin mermar el derecho a la tutela judicial efectiva. «Es obvio que el Estado no puede prestar un derecho universal a la Justicia gratuita, y debe gestionar los recursos de una forma no sólo justa, sino eficiente», advierte. Por eso, cree que se debe racionalizar el coste de la Justicia, no limitando el acceso a los tribunales, sino acotando la Justicia gratuita a pleitos sostenibles, y no a caprichos o consecuencias necesarias del incumplimiento de obligaciones, y potenciando alternativas a la resolución de conflictos.