Alaya investiga 35 millones con cargo a Innovación de la etapa de Griñán

SEVILLA- La juez instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, investiga el pago de 3,5 millones de euros en ayudas sociolaborales con cargo a la Consejería de Innovación libradas después de que José Antonio Griñán accediera a la Presidencia de la Junta.

En un auto fechado el martes y al que ha accedido este periódico, Alaya pone la lupa sobre lo que se conoce en el caso como «el tercer fondo de reptiles». Es decir, ayudas ordenadas por la Dirección General de Trabajo y pagadas por la Consejería de Innovación. No son por tanto con cargo a la partida 31.L de Empleo, el «fondo de reptiles», pero el procedimiento es similar. Hay que recordar que a partir de marzo de 2010, tras la segunda crisis de Gobierno de Griñán, Innovación asumió también las competencias de Economía, situándose al frente del macrodepartamento el actual consejero del ramo, Antonio Ávila.

Pone el acento la magistrada en tres empresas: Abantia Ticsa y los Astilleros de Huelva y Sevilla. En el caso de Abantia, recibió una ayuda de 450.000 euros. De la última información trasladada por la Junta se desprende que «dicha ayuda sociolaboral fue concedida por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social». Fue el ex director general de Trabajo imputado Daniel Alberto Rivera, en el cargo hasta hace unas semanas, el que, «a requerimiento» de un directivo de IDEA, Juan Francisco Sánchez, emitió una comunicación «en la cual exponía que dicho pago debía realizarse en ejecución del acuerdo de encomienda de 27 de abril de 2010, tratándose de ‘un compromiso asumido por las Viceconsejerías' de Empleo y de Innovación y Ciencia –aparece Economía por error– de fecha 26 de enero de 2010». Con el mismo procedimiento, cita Alaya un pago a Astilleros de Huelva del 24 de marzo de 2010 de 952.404,89 euros y dos a Astilleros de Sevilla, el 24 y el 29 de julio de 2010, de 455.025 y 1.325.254 euros respectivamente. La suma total es de 3.537.680,15 euros. «La existencia de dicho compromiso, la realidad del acuerdo adoptado y las consecuencias derivadas del mismo, habrán de ser investigadas. Y por ello procede requerir a la Junta para que remita el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Empleo y la Consejería de Innovación en virtud del compromiso de fecha 26 de enero de 2010».

Estas nuevas pesquisas se incardinan en el convencimiento mostrado tanto por Alaya como por la Guardia Civil de que en la etapa posterior al cese del director general de Trabajo encarcelado (en el cargo entre 1999 y 2008), Francisco Javier Guerrero, las irregularidades en el procedimiento persisten. Tras la salida de este último, en la Consejería de Empleo, según el testimonio de algunos imputados, tratan de arbitrar nuevas formas para el pago de las ayudas al margen del convenio de julio de 2001, que está en la base de la trama, y de la partida 31.L. Una de las vías es la encomienda de Empleo a IDEA (el ente pagador de las ayudas dependiente de la Consejería de Innovación), en virtud de la orden del 27 de abril de 2010. No obstante, al igual que con el convenio de 2001, la opacidad es absoluta. No hay rastro en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) y las ayudas no pasaron por el Consejo de Gobierno pese a ser algunas superiores a 1,2 millones.

El Partido Popular ya denunció hace un mes que Innovación usó un «fondo de reptiles» idéntico al de Empleo por su implicación «desde el principio hasta el final» e instó al Gobierno andaluz a hacer público el convenio firmado con IDEA en 2010 que ahora reclama la juez Alaya. No hay que perder de vista que la magistrada, en uno de los últimos autos, ya pidió expedientes de ayudas gestionados por Innovación y Medio Ambiente, al tiempo que avisó de que las nuevas indagaciones podían conducir a «la imputación de otros cargos en la Agencia IDEA o de la Consejería de Innovación».

Tras el análisis del desplegable ampliado de ayudas aportado por la Junta el 6 de junio, la juez pide a la Junta que remita, además de las empresas citadas, «todos y cada uno de los expedientes» de Nueva Lima S. A. al aparecer dos nuevas ayudas de 81.272 y 214.806 euros concedidas por el ex director general imputado Juan Márquez; Instalaciones Industriales y Navales de Huelva; Industrias Elizana, que recibió dos ayudas sociolaborales por importe de 1.150.000 euros; Virgen de la Luz (Coviluz), con una ayuda de 440.000 euros; Sociedad Cooperativa Andaluza Industrial de Confección (Scoinc), que también recibe una ayuda de 405.916 euros que no constaba en el anterior desplegable; y Grueso y García, radicada en la Sierra Norte.