El Gobierno controlará la dación en pago para evitar las especulaciones

Murcia- Para aminorar la sangría que se lleva produciendo en España desde el estallido de la crisis económica por el número de desahucios que se producen a causa de las familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca por carecer de un empleo que les reporte beneficios económicos, el actual Gobierno de España, por medio de su cartera de Economía y Competitividad, se encuentra trabajando en lograr un acuerdo con las entidades financieras para que, en determinados casos, se pueda hacer efectiva la dación en pago, esto es, la entrega de la vivienda para saldar la deuda contraída por la hipoteca de la misma.

El diputado por Murcia en el Congreso de los Diputados y portavoz del Partido Popular en la Comisión de Economía del Hemiciclo, Vicente Martínez Pujalte, declaró a LA RAZÓN que a partir de este momento «los bancos deben aprender a ser más transparentes», así como a advertir de los riesgos que contrae un ciudadano cuando firma un crédito con la entidad. En su opinión, durante estos años de descenso económico está quedando patente que existen personas que no conocen datos de importancia que deben ser facilitados por los bancos como es tener conciencia de que si se incumple una hipoteca se pierde la vivienda.

Último recurso
Pujalte señaló que la dación en pago se entenderá dentro de la propuesta del Gobierno como una última salida debido a que «para el PP que un ciudadano pierda una casa es tan malo o peor que perder un empleo». Es por esto, que el ministro de Economía, Luis De Guindos, optará por el diseño de unas prórrogas en el momento de abonar las mensualidades pendientes con el objetivo de que el ciudadano pueda hacer frente a sus obligaciones y se impida que se vea obligado a tener que perder su vivienda. «Me parece un camino adecuado», explicó Pujalte quien consideró que «la medida va a funcionar seguro» porque está diseñada para « proteger a los colectivos que lo pasan mal». Debido a esto, el ministro De Guindos se encuentra diseñando con los bancos un «código de buena práctica» que tendrá como principal cometido establecer un aplazamiento del desalojo durante como máximo dos años entre los colectivos que se encuentren en «umbral de exclusión». Dentro de esta categoría, se encontrarán los núcleos familiares que no dispongan de ningún ingreso y presenten a todos sus miembros en paro.

Este propósito es, en opinión de Pujalte, la demostración de que el Gobierno busca apoyar al más necesitado. Además, estableció que la iniciativa «posibilitará que los ciudadanos sigan pagando sus hipotecas», principal meta del Ejecutivo para asegurar que las personas no se vean en la tesitura de tener que abandonar su hogar. En cuanto a las críticas que ha suscitado la medida dentro de los grupos políticos de izquierda, el político murciano declaró que «tiene gracia que el PSOE nos critique ahora cuando este paso se tiene que dar a causa de los ocho años de gobierno de Rodríguez Zapatero».

Dentro de otro ámbito, el portavoz popular en la Comisión de Economía del Congreso aseveró que el inicio de este conflicto obedece a que «el mercado hipotecario en España ha crecido mucho en los últimos años», un aspecto que no se pudo conjugar de manera satisfactoria con la delicada situación económica por la que atraviesa el país y en donde los más desfavorecidos están sufriendo de manera más cruenta sus difíciles consecuencias.