Trias y Portabella piden al Parlament que ignore al TS y defienda la inmersión

La última sentencia del TS reclama para el castellano el mismo trato que para el catalán. De hecho, ya son tres las sentencias que se han pronunciado contra la inmersión lingüística de Cataluña. Por ello, Portabella y Trias abogan por que el Ayuntamiento «haga llegar a todos los centros escolares de Barcelona nuestro apoyo explícito» al modelo escolar. La declaración tendrá que ser votada en el próximo pleno municipal.

En cualquier caso, el documento se basa en tres puntos a los que cada uno de los dos presidentes municipales aporta su propio punto de vista. Trias señala que se trata de «la primera agresión directa al Estatut» y lo hace, además, «contra un aspecto nuclear como es la inmersión lingüística, un modelo elogiado internacionalmente». El convergente también recuerda que la Defensora del Pueblo manifestó que «sólo se puede regular la obligatoriedad del castellano, porque lo reconoce la Constitución y porque el catalán es una lengua "para usar en la intimidad, con la familia"».

Portabella, por su parte, apunta que «después de dos décadas de inmersión lingüística, el modelo garantiza que los estudiantes consiguen unos conocimientos correctos de castellano y catalán». El republicano se escuda, además, en una sentencia del propio TS de 2009 en la que el Alto Tribunal rechazó pronunciarse sobre la lengua escolar porque «instruir en la lengua escogida llevaría a resultados absurdos, ya que todo el mundo podría reivindicar una instrucción en cualquier lengua, en cualquiera de los territorios».

Así las cosas, la declaración municipal acuerda «manifestar nuestro rechazo a las sentencias del TS», «expresar nuestro apoyo al sistema de inmersión lingüística» e «instar al Parlament a rechazar las sentencias y cumplir la Ley de Educación de Cataluña».

La última sentencia del TS viene motivada por la denuncia de unos padres que no podían matricular a sus hijos en castellano. Por ello, el Tribunal Supremo señaló que el sistema de educación debe garantizar la presencia «equitativa» del castellano respecto al catalán; y que cualquier comunicación oral o escrita que emitan los centros educativos deberán estar escritas en las dos lenguas.


Aliados en la Generalitat
La flamante consejera de Enseñanza, Irene Rigau, ya ha dejado claro que la resistencia a las sentencias del Tribunal Supremo tiene aliados en la Generalitat. Rigau señaló «a partir de estas sentencias se ha podido demostrar que lo que preocupa es la identidad de Cataluña. Esta identidad se ve amenazada cuando se cuestiona nuestro modelo lingüístico». Así, su propósito es defender con uñas y dientes el modelo escolar catalán.