Nicolas Sarkozy blinda a su Policía frente a la inmigración

Dichos criminales no sólo tendrán que responder penalmente de sus actos sino que en el caso de que hubieran sido naturalizados franceses, dejarían de serlo, una sanción que el actual código civil sólo prevé para casos graves que hagan peligrar los intereses fundamentales de la Nación, como el espionaje o terrorismo. En concreto, la nueva disposición prevé la privación de la nacionalidad francesa, «durante el plazo de diez años a partir de su obtención», a los delincuentes «que atenten contra la vida de una persona depositaria de la autoridad pública, en particular, policías y gendarmes», según detalló ayer el Elíseo en un comunicado. Sarkozy quiere que la medida se incorpore en forma de enmienda dentro del proyecto sobre «inmigración, integración y nacionalidad» que se debatirá en la Asamblea Nacional a partir del próximo 27 de septiembre y se decanta así por la posición de su ministro de Inmigración, Eric Besson, frente a la línea más dura sostenida por el titular de Interior, Brice Hortefeux, partidario de extender la retirada de la ciudadanía gala a los casos de poligamia. Tampoco retuvo la proposición de la responsable de Justicia, Michelle Alliot-Marie, que quería aplicar la medida a los crímenes contra magistrados, abogados, oficiales públicos y ministeriales, agentes de aduanas y de la administración penitenciaria o incluso bomberos.

Igualmente reticente se mostró el gobernante al respecto de dificultar el acceso a la nacionalidad gala a los menores extranjeros condenados a penas de prisión, supuesto que será estudiado por una «misión de expertos». Este endurecimiento de la política de seguridad es la respuesta a una serie de agresiones cometidas con armas de fuego en los últimos meses contra policías, lo que ha sembrado la inquietud y la sensación de falta de protección entre este colectivo.

En plena controversia por la reciente expulsión de un millar de gitanos y el desmantelamiento de sus campamentos ilegales, el presidente Sarkozy pidió también a sus ministros una inmediata reforma legal para facilitar no sólo la deportación de extranjeros en situación irregular sino también, en «determinadas circunstancias particulares», la de ciudadanos de la UE. Esto es, cuando supongan «una amenaza al orden público», carezcan de manera prolongada de medios de subsistencia o «abusen del derecho de libre circulación».


Sanciones más severas contra la poligamia
- Prohibida en Francia, la poligamia no se considerará un motivo suficiente para despojar de la nacionalidad a un francés de origen extranjero, como propuso a Sarkozy su ministro de Interior, Brice Hortefeux.
- No obstante, Nicolas Sarkozy no cuenta con dejar campar a sus anchas a quienes incurran en este delito –el de tener más de un cónyuge–, situación que además en algunos casos se utiliza en Francia para abusar de ciertas ayudas del Estado de manera ilícita. Por eso anunció ayer que se reforzarán las sanciones por «fraude a las prestaciones sociales», aunque sin entrar en más detalles. En vísperas de una jornada de huelga contra su reforma de las pensiones, prefirió no añadir más leña al fuego.
- Pero Sarkozy desestimó la propuesta de Hortefeux por su inviabilidad jurídica. Ante la dificultad de poder demostrar formalmente el delito de poligamia, el riesgo de que el Consejo constitucional censure una medida de esta índole es muy alto.