El PSOE boicotea el consenso y no se suma al plan antidesahucio

MADRID- La negociación entre Gobierno y PSOE en materia hipotecaria se prolongó hasta cerca de la una de la madrugada, bajo la amenaza continua de encallar por los cambios de criterio de última hora de los socialistas. Y al final encalló: los socialistas, después de alargar y alargar las conversaciones, decidieron dejar pendiente la decisión de sumarse a las propuestas del Gobierno. La largísima reunión estuvo centrada en intentar cerrar un documento de unos diez puntos con medidas para proteger a los deudores más perjudicados por la crisis económica. El Ejecutivo aprobará hoy un primer plan urgente, de aplicación inmediata, y que tiene como objetivo blindar un paquete de garantías para los colectivos más vulnerables, protegiéndoles del desahucio, pero sin perjudicar el principio de la seguridad jurídica ni torpedear –según fuentes de Moncloa—el principio básico de que las deudas se pagan. De fondo está la moratoria de hasta dos años que ya ha aceptado la patronal bancaria.

Sobre las once de la noche había un principio de acuerdo sobre medidas como elevar el umbral mínimo de renta, una de las propuestas con la que el Gobierno abrió formalmente el lunes la negociación con el PSOE. Después de que, según el Ejecutivo, «los socialistas marearan la perdiz» a última hora al respecto, sin que hasta entonces hubieran planteado ninguna cuestión sobre este apartado en las dos reuniones anteriores, las dos partes acordaron que la posibilidad de abrir vías de renegociación de la hipoteca se extendiese a todas las familias con una renta mensual que no supere alrededor de los 1.600 euros. Es decir, en total se elevaría hasta los 19.000 euros anuales la renta por debajo de la cual se suspendería un desahucio.
El Gobierno dirigió la negociación hacia el objetivo de ampliar el espectro y que las nuevas ayudas afecten a colectivos muy concretos, como familias con hijos, ancianos, personas con discapacidad o parados de larga duración. Y se quedó descolocado con la estrategia de última hora de los socialistas de tensar la cuerda con exigencias como la de que todos los desahucios de primera vivienda se paralizaran hasta que haya una nueva Ley Hipotecaria, que se debería tramitar de manera inmediata. También cambiaron de criterio sobre el citado umbral de renta por debajo del cual se aplicarían las exenciones y otros beneficios y medidas paliativas como los periodos de carencia. Y otra de las discrepancias de última hora afectó al valor de tasación de las viviendas.
Las delegaciones de Gobierno y PSOE lograron acercar también posturas para modificar aspectos de la actual legislación hipotecaria. Por ejemplo, limitar el papel de los fiadores o avalistas de un préstamo hipotecario. Hasta ahora, en caso de ejecución hipotecaria el banco iba contra el deudor, pero también podía embargar el patrimonio de los fiadores. La idea era que la responsabilidad del fiador fuese secundaria, imponiéndose la obligación de que la entidad financiera actúe en primera instancia contra el deudor. Además, plantearon endurecer las condiciones para las tasadoras con el objetivo de asegurar que sus valoraciones sean independientes de verdad mediante un régimen de supervisión más estricto. Y que así no «manipulen la realidad» para la consecución del préstamo hipotecario. Su gestión del «boom inmobiliario» las colocó en el centro de la diana por sus supuestas valoraciones artificialmente elevadas.

Pero al final el PSOE rompió la baraja y no quiso ofrecer la imagen de unidad. En el Gobierno se malician que la dirección socialista ha impuesto el «no acuerdo» por una decisión estratégica de partido. Ya empezaron a sospechar que no habría pacto ante algunas informaciones filtradas desde Ferraz el día anterior a la huelga general. Ayer el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, almorzó con sus representantes en la comisión técnica. Después se fueron a Moncloa.

Abogacía ofrece un escrito para parar los desalojos
El Consejo General de la Abogacía Española ha puesto a disposición de los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias un escrito dirigido al órgano judicial competente para pedir la suspensión inmediata del desahucio de una vivienda sujeta al préstamo hipotecario.El documento se encuentra disponible para ciudadanos y asociaciones de consumidores en los 83 colegios de abogados y en la web de la abogacía española www.abogacia.es. El escrito fundamenta sus alegaciones para paralizar el desahucio en la «situación de emergencia social causada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en España desde 2007» y «las miles que se están tramitando». Argumenta que el artículo 3.1 del Código Civil establece que las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo «a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas» y que los actuales momentos exigen una «clara visión» a favor del ciudadano. Explican que en muchos procedimientos los afectados, dada su precaria situación económica, no han podido designar abogado y procurador que los defienda y los procesos se han seguido en situación de rebeldía. .