Japón prohíbe la distribución de carne vacuna de Fukushima

El ministro portavoz, Yukio Edano, informó hoy de la prohibición, que se produce en medio de la creciente inquietud por la distribución en varias provincias de carne contaminada con cesio procedente de la maltrecha central nuclear de Fukushima.

Edano, citado por la agencia local Kyodo, detalló que el Gobierno ofrecerá compensaciones a los ganaderos, a los que las autoridades provinciales ya habían pedido que dejaran de distribuir temporalmente la carne, aunque sin llegar a prohibirlo oficialmente hasta hoy.

Hasta el momento las autoridades han confirmado que al menos 648 vacas han sido alimentadas con forraje contaminado y distribuidas en 38 de las 47 provincias de Japón.
La mayoría de los propietarios de las explotaciones de Fukushima han admitido que no estaban al tanto de la orden emitida por el Gobierno el 19 de marzo de no utilizar pienso almacenado en el exterior, ante el riesgo de resultar contaminado por las emisiones de la central nuclear.

Los primeros casos se localizaron el pasado 10 de julio, cuando los análisis efectuados sobre carne procedente de una granja situada a poco más de veinte kilómetros de la central reveló que contenía niveles de cesio radiactivo muy superiores a los límites establecidos.
La confirmación de los últimos casos ha desatado la preocupación en Japón, donde el propio primer ministro, Naoto Kan, se disculpó hoy por "no haber sido capaz de impedir que esto suceda".

El ministro de Agricultura y Pesca, Michihiko Kano, aseguró por su parte que trabajará con Sanidad para asegurarse de que ninguna pieza de carne contaminada "llegue al mercado", al tiempo que anunció nuevos análisis sobre el pienso producido en amplias zonas del archipiélago.

El Gobierno mantendrá la prohibición sobre la carne vacuna de Fukushima hasta que se pueda confirmar que su consumo es seguro, según Kyodo. El Ministerio de Sanidad, en un mensaje para tranquilizar a los consumidores, ha señalado que comer varias veces carne con niveles de cesio radiactivo superior al límite fijado por el Gobierno no afectaría seriamente a la salud.