Escoltas bajo mínimos para jueces y fiscales

MADRID-No hay marcha atrás. El plan de ajuste económico llega también a los servicios de escoltas en las distintas sedes y órganos judiciales. El viernes recibieron la notificación del Ministerio del Interior y desde esta misma semana –hay dudas de si comenzará mañana o el miércoles–, jueces, fiscales y vocales del Consejo General del Poder Judicial verán reducidos de forma notable, en algunos casos los afectados se quedarán sin ningún tipo de escolta de seguridad. Esta reducción drástica no ha sentado nada bien en los sectores afectados.
En la Audiencia Nacional, donde se instruyen las causas por terrorismo, grandes delitos económicos o mafias y bandas de criminalidad internacionales, así como los delitos de narcotráfico a gran escala, los fiscales antidroga dejarán de contar con coche de seguridad y servicio de escoltas, al igual que los destinados en Anticorrupción.
En cuanto a los jueces centrales de Instrucción y a los magistrados destinados en las distintas salas, mantendrán el coche de seguridad, pero en vez de dos escoltas tendrán sólo uno, que, a la vez, será también el conductor del vehículo. En esta misma situación quedarán los fiscales adscritos a los juzgados centrales, que son quienes llevan la instrucción y deben acudir posteriormente a los juicios contra los etarras. Fuentes de este órgano jurisdiccional expresaron a LA RAZÓN su malestar por esta medida.

El CGPJ, sólo conductor
Si no hay cambios de última hora, comenzará a aplicarse esta misma semana. «No se dan cuenta de que un chófer no es seguridad y van a convertir el coche de seguridad en una especie de taxi», señalan al respecto. Además, critican que dejar sólo a ese policía como único escolta seguridad es mermar el servicio de seguridad: «¿Qué protección se puede dar si se va conduciendo a la vez?, porque los nuestros son vehículos de seguridad, no oficiales».
Los 20 vocales del CGPJ se quedan sin escoltas. Seguirán, eso sí, con el coche oficial, que pertenece al parque móvil, y con el conductor, que está adscrito al mismo. El secretario general del CGPJ recibió el viernes la notificación oficial de esa decisión.
Desde el Consejo no se entra a valorar la decisión de Interior. «Ellos son los que tienen los datos reales de lo que está pasando y de los riesgos de atentados o no atentados y habrán valorado caso por caso». El único que mantendrá, lógicamente, los servicios de seguridad será el presidente.

LOS AFECTADOS POR LA MEDIDA
AUDIENCIA NACIONAL
Los fiscales Antidroga se quedan y los de Anticorrupción asignados a causas que se instruyen allí no tendrán ni coche oficial ni escolta. Los adscritos a los juzgados centrales contarán con vehículo de seguridad y un escolta, que, a la vez, será el conductor del mismo. Sólo mantendrán dos escoltas el fiscal jefe y el presidente de la Audiencia.

TRIBUNAL SUPREMO
De los 80 magistrados del más alto tribunal, la inmensa mayoría sufrirá n también los recortes en esta materia. La decisión se ha adoptado tras analizar «caso a caso». Los casos más «conflictivos» son los relativos a los magistrados de la Sala Penal.

ANTICORRUPCIÓN
Los fiscales adscritos a la lucha contra delitos económicos y criminalidad organizada tendrán una situación similar. Sólo el jefe de esta Fiscalía Especial mantendrá los servicios de escoltas. Los demás, como los destinados en Antidroga, «se tendrán que buscar la vida», al no contar ni con vehículo oficial ni con seguridad.

CGPJ
Los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces y magistrados contarán a partir de ahora con un coche oficial y un conductor, adscrito al parque móvil. En principio, sólo mantendrá escoltas el presidente del Consejo, aunque en un número muy inferior al que tenía Carlos Dívar.

«LA RAZÓN» LO ADELANTÓ EN ABRIL
El pasado uno de abril, este periódico adelantaba el contenido de una circular de Interior, que estaba sin refrendar, en la que ya se adelanta la previsión de proceder a una reducción de escoltas en la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial. Esta medida fue catalogada entonces como «desproporcionada e injusta» por la Audiencia Nacional, donde no se descaraba que, de llevarse finalmente a cabo –como es previsible– algunos fiscales opten por abandonar ese destino.