Mas rechaza que el Gobierno tutele sus cuentas porque se fía más de la UE

BARCELONA- Hace muchos meses que el equilibrio de las cuentas públicas se ha convertido en un dogma a nivel europeo. Alemania y Francia incluso impusieron a España una reforma de la Constitución en este sentido y las comunidades autónomas no están al margen. La Generalitat, sin embargo, no quiere ver ni por asomo al Estado ejerciendo funciones de hermano mayor sobre sus cuentas, aunque sí que estaría dispuesta a aceptar la supervisión de la Unión Europea. «Si alguien tiene que hacer de árbitro del déficit es la UE y para todas las administraciones», afirmó ayer el portavoz del Govern, Francesc Homs, después de la reunión semanal del Ejecutivo catalán.

La Generalitat desconfía del Gobierno porque teme que pretenda limitar su autogobierno, a pesar de que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dejado claro que los esfuerzos que reclama a todas las autonomías para controlar sus números rojos no significa menoscabar la autonomía financiera de las comunidades.

Al Govern le irrita que se le quieran dar lecciones desde Madrid porque considera que lleva haciendo los deberes desde hace un año con severos ajustes. Por eso, cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subrayó ayer que 15.000 de los 20.000 millones del déficit de 2011 corresponden a las comunidades, Homs se desató: «Cuando uno mira quién genera más deuda ve que el 80 por ciento lo genera el Estado y el 20 por ciento las comunidades»

«Doctrina Financial Times»
En paralelo, el eurodiputado de CiU Ramon Tremosa está promoviendo en Bruselas que sean las instituciones europeas quienes asuman la supervisión. «Compartimos la doctrina del "Financial Times"y la idea de que la Unión Europea tenga un papel más relevante del que ha tenido hasta ahora porque sería idóneo que haga de árbitro en el seguimiento de los objetivos de déficit. Nos merece más crédito porque el Gobierno es juez y parte», razonó el portavoz del Govern.

Homs negó, además, que la reforma de la Constitución haya abierto la puerta a establecer el control previo de los presupuestos y aseguró que «al menos una docena de sentencias del TC» avalan la autonomía financiera de las comunidades. «Las reglas ya están. El problema no es de control, es de responsabilidad», consideró el portavoz.

El PP catalán, por su parte, reveló contactos con el Gobierno para mejorar la liquidez de la Generalitat y anunció, además, que pedirá un pleno monográfico en el Parlament para debatir sobre las políticas de empleo.