Prejubilados sumaban 4400 euros al mes al cobrar pensiones de invalidez

Concretamente, respecto a los expedientes laborales del Marco de Jerez y de González Byass –al que se acogió el ex consejero de Empleo imputado Antonio Fernández en 2008– señala la existencia de trabajadores que, pese a ser beneficiarios de varias pólizas, o bien se encuentran de alta en la Seguridad Social o perciben pensiones de invalidez. En este sentido, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, recoge que, sobre el ERE de González Byass, el prejubilado Juan Manuel Carrasco, beneficiario de una póliza de 2.500 euros mensuales a partir de junio, «tiene reconocida una incapacidad permanente total»; mientras que a Juan Luis Romero, con otra prestación de unos 2.000 euros mensuales, se le ha reconocido una «incapacidad absoluta por enfermedad común».

En el caso del Marco de Jerez, un ERE para 13 ex trabajadores que rozó los cuatro millones, la juez instructora señala otro ejemplo que sigue el mismo patrón. José Ángel Mosqueda, pese a percibir 1.900 euros mensuales, «tiene reconocida una incapacidad absoluta por enfermedad común y una pensión inicial por este concepto de 2.542 euros mensuales». Asimismo, otro prejubilado a razón de 2.000 euros mensuales, Evaristo Babe, «aparece en su vida laboral que se encuentra de alta en el Régimen General de la Seguridad Social». La Consejería de Agricultura lo nombró en octubre presidente del Consejo Regulador de la denominación Brandy de Jerez «el mismo día que fue nombrado el ex consejero Antonio Fernández presidente del Consejo Regulador de las denominacione de origen Jerez».

Alaya insta a que se investigue el sueldo que cobraba Babe «por los respectivos puestos de trabajo que desempeñaba al tiempo de firmarse las pólizas, como el que obtiene por su cargo de presidente del Consejo Regulador y su relación personal con Antonio Fernández», imputado por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
No es el único cargo socialista sobre el que la magistrada estrecha el cerco de presuntas ilegalidades. El juzgado pide numerosa información sobre el ERE de Saldauto, en el que participó el ex asesor de la Consejería de Trabajo y actual parlamentario andaluz Ramón Díaz Alcaraz, acusado por otros implicados de meter a dos de los tres intrusos. Entre la información requerida figura el expediente de varias subvenciones, una de ellas de 450.000 euros otorgada al concesionario o si existe de algún protocolo o acuerdo de ayudas a esta empresa desde 2001 hasta la actualidad.

De acuerdo a la orden ya cursada por la Fiscalía Anticorrupción, insta a la Consejería de Empleo a que informe sobre «el cargo, funciones e intervenciones realizadas» por el dirigente socialista. Alaya ya frenó en un auto anterior la toma de declaración de los imputados que pedía el Ministerio Público para seguir ahondando en las diligencias. Ahora sí da luz verde a esta fase. Los primeros imputados – Juan Manuel López, José Acevedo y el ex dirigente socialista que donó la sede del partido en Camas– acudirán al juzgado el próximo 8 de julio. La siguiente ronda de declaraciones será el 14 de julio y se retomará en septiembre con el ex alcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo.

Por otra parte, las decisiones del Consejo de Gobierno siguen estando en el punto de mira. Ya ha trascendido que lo que rastrea el juzgado es un posible delito de prevaricación y para ello reclamó las actas de la última década que deniega el Ejecutivo. Estima la juez necesario «acreditar si las ayudas sociolaborales que pagaba la Consejería de Empleo a través del IFA o de IDEA en concepto de primas de pólizas de prejubilación, al pagarse aplazadamente en varias anualidades, precisaban de algún tipo de autorización del Consejo de Gobierno».

Alaya denuncia la «reconstrucción» de expedientes
La magistrada reitera su contundencia respecto al desordenado estado en el que la Consejería de Empleo remitió los expedientes al juzgado. El Gobierno andaluz ha esgrimido que envió los expedientes tal cual estaban para evitar cualquier tipo de manipulación. Sin embargo, Alaya señala que «la apariencia de tales actuaciones es diametralmente opuesta a lo que es en realidad un expediente administrativo», por lo que «nos hace pensar en una construcción o reconstrucción apresurada de los mismos». De ahí que encomiende a la Policía Judicial la investigación de «tales extremos, que no han sido explicados o justificados tal y como se pedía por la Junta».

Alaya, que señala que algunos expedientes «incluso vienen foliados», se remite a un escrito del Ministerio Fiscal del 20 de mayo en el que señala que cada expediente administrativo «parece componerse de una suerte de batiburrillo de papeles inconexos, algunos de los cuales son sino simples notas manuscritas anóminas anotadas en hojas arrancadas de un bloc». Así las cosas, requiere de nuevo la información a la Dirección General de Trabajo «de forma ordenada y sistemática», atendiendo a clasificaciones por orden de ejercicio económico o por materia.