El Gobierno revoca la orden del biodiésel argentino

Esta orden fue aprobada menos de una semana después de que el Gobierno de Argentina anunciase su intención de expropiar a Repsol un 51% de YPF. Tras el Consejo de Ministros en el que se estudió la norma, la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, inscribió la medida en las acciones del Ejecutivo en contra de la decisión del Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner.

En la orden en la que se deja sin efecto la asignación de cuotas, Industria argumenta que su aplicación "puede tener una repercusión negativa en los precios de los combustibles de automoción en un momento, como el presente, en el que estos alcanzan máximos históricos".

Por este motivo, y "con el fin de no causar daño a los interesados", y "sin perjuicio de reparación que proceda por los costes de gestión en que hayan incurrido", el Ministerio de Industria "considera necesario dejar sin efecto"la convocatoria de asignación de cuotas.
Tras la aprobación de la norma de protección del biodiésel nacional, el Gobierno disponía de un plazo de seis meses para publicar la asignación de cuotas a los productores comunitarios. Este plazo iba a concluir el próximo 22 de octubre y el sector se encontraba a la espera de la resolución.

Ahora, una vez dejado sin efecto la medida, los afectados disponen de un mes para presentar ante Industria un recurso administrativo de reposición, así como de dos meses en caso de que quieran recurrir la decisión del Gobierno ante un tribunal contencioso-administrativo.
La orden de protección del biodiésel tenía como objetivo apoyar a las operaciones de refino de este biocarburante por parte de las empresas españolas y comunitarias mediante la asignación de cuotas.

Esta medida limitaría las importaciones de biodiésel argentino, cuyo valor ascendió el año pasado a 750 millones de euros. En total, España compró 719.473 toneladas de este biocombustible a Argentina, casi la mitad de las 1,6 millones de toneladas consumidas.

El sector del biodiésel ya había pedido en reiteradas ocasiones la aprobación de una norma de protección de la producción nacional que permitiera a las plantas españolas de procesamiento volver a la actividad. El actual sistema arancelario argentino hace que el biodiésel importado resulte más barato que la soja, que es la materia prima con el que se produce el biocarburante.

La asociación más activa en la defensa de la producción de biocarburantes en España es Appa Biocarburantes, en la que participan empresas como Abengoa, Acciona, Saras, Hispanergy o Sniace.