Cataluña asedia a la prostitución como paso previo a su abolición

BARCELONA- Ni está permitida ni está prohibida. La prostitución en España es alegal. Y aunque Barcelona, Lleida, Gavà, La Jonquera o la Generalitat no tienen competencias en seguridad y orden público –esta materia está regulada en una ley orgánica del Estado de 1992–, unos y otros se las están ingeniando para poner trabas al ejercicio de la prostitución callejera. El objetivo del Govern es su abolición.

Los ayuntamientos, a través de sus ordenanzas, sancionan a clientes y prostitutas, ya sea por negociar servicios como por mantener relaciones sexuales en la calle. Y la Generalitat, a partir de una modificación de la Ley de Carreteras, con el pretexto de preservar la seguridad vial, pondrá a finales de año multas de hasta 30.000 euros a prostitutas y clientes en las carreteras de titularidad catalana. El departamento de Interior prepara una ley de usos del espacio público que prevé prohibir la prostitución callejera como han hecho ya muchos ayuntamientos.

Plan abolicionista
Según explicó ayer el conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, la intención del Govern es ir poniendo cada vez más dificultades al ejercicio de la prostitución en Cataluña como paso previo a su abolición.

Aunque el gobierno catalán todavía no ha formulado una propuesta global para abordar la erradicación de la prostitución, diversos departamentos han puesto o pondrán en marcha propuestas para restringir, en palabras de Cleries, «un sistema de esclavitud que no cabe en una sociedad como la nuestra».

Hace apenas quince días, la presidenta del Institut Català de les Dones, Montse Gatell, que se declara abolicionista, pedía «valentía política» para acabar con la prostitución. Se mostraba partidaria de prohibir los anuncios de prostitución en Prensa, como ya ha hecho LA RAZÓN. Aunque desde el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, le respondió con la futura modificación de la ordenanza de civismo para prohibir la prostitución en la calle, Gatell admitió que el alcalde tiene un «problema inmenso» porque el sexo mercenario en la ciudad está tan arraigado que no se arregla sólo con leyes. La prueba es que de las 794 multas que pusieron La Jonquera y Tordera a prostitutas en 2011 no cobraron ninguna.

La Síndica abre una actuación de oficio
La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vila, abrió ayer una actuación de oficio, para averiguar si el endurecimiento de la ordenanza de civismo en materia de prostitución callejera con el objetivo de prohibirla «tiene una justificación social y legal». Informó de que ha decidido abrir una investigación de oficio «para evaluar la nueva medida de control social» que ha promovido el PP y que fue aprobada anteayer por la comisión municipal de Presidencia y Régimen Interior. Quiere saber si las multas «pueden mejorar la situación».