Casas despide su mandato abroncando al Parlamento por no renovar a tiempo el TC

María Emilia Casas se despidió ayer del Tribunal Constitucional con duras críticas al Congreso y al Senado y a los partidos políticos por no renovar en plazo el Alto Tribunal. A todos ellos les acusó de incumplir «gravemente» la Constitución y bloquear más de tres años una renovación parcial, con «notorio retraso, el mayor de la historia de este Tribunal», que no impide que todavía haya tres magistrados con el mandato vencido desde el pasado mes de noviembre. «Ni aquel retraso ni esta composición son, como es obvio conformes con la Constitución, por lo que nunca más debería volver a producirse», enfatizó al respecto la hasta ayer presidenta del Alto Tribunal.

Durante el discurso que pronunció Casas en el acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados designados por el Senado –Luis Ignacio Ortega, Adela Asúa (elegidos a propuesta del PSOE), Francisco Pérez de los Cobos y Francisco José Hernando (designados a iniciativa del PP)–, recalcó que, por el citado incumplimiento del Congreso y Senado para renovar el TC, «la legitimidad del tribunal se ve empañada» y «queda embarrada por todo tipo de cábalas y supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento».

Por ello, y para evitar que se repita esa situación, la presidenta, que abandonó el cargo junto al vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, es por lo que abogó incluso por una reforma legal que amplíe los plazos para la designación de magistrados.

Casas hizo hincapié en la necesidad de que todas las personas que sean designadas para el TC deben cumplir el requisito de ser juristas de reconocido prestigio. «Cualquier reparto de puestos sin atender a las cualidades de cada uno de los candidatos sería una vulneración del mandato constitucional tan grave como el retraso en la renovación», señaló, en una velada alusión a los partidos políticos.

Tampoco olvidó una mención específica a la sentencia del Estatut, duramente criticada por sectores nacionalistas y por cargos públicos. «El grado de la crispación que ha rodeado el recurso de inconstitucionalidad ha sido a todas luces excesivo», sentenció.

41 jueces sancionados el pasado año
- El Consejo General del Poder Judicial sancionó el pasado año a un total de 41 jueces y magistrados, «el 0,8 por ciento» de los 4.600 integrantes de la Carrera Judicial», según señaló la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, durante la presentación del Balance de Actuación del Servicio de Inspección y del Plan previsto para 2011. En ese acto también participaron el presidente de la Comisión Disciplinaria, el vocal Pío Aguirre, y la jefa del Servicio de Inspección, Virginia García Alarcón. Además, se abrieron 47 expedientes disciplinarios. El CGPJ estudia pedir que se lleve a cabo una reforma que permita que la instrucción de los expedientes se amplíe de seis meses a un año, informa F. V.