La primera denuncia polémica

Esta denuncia se produce, según informó ayer la asociación, por la falta de cartel en el establecimiento indicando la prohibición de fumar, así como por la existencia de una máquina expendedora de tabaco en el exterior del local, sin ningún tipo de control sobre la venta a menores de edad.

La polémica surge por la naturaleza de la denuncia pues, según afirma la Federación Española de Hostelería (FEHR), por el momento no existe un modelo homologado de los carteles que los hosteleros deben colocar en sus locales, con la salvedad del País Vasco, que sí ha regulado ya las características de los mismos. Así, llama la atención que se pueda denunciar a un establecimiento por carecer de un cartel que todavía no se sabe cómo debe ser.

Más de 700 quejas
Facua había recibido hasta ayer por la tarde más de 700 denuncias por incumplimientos de la normativa a través de su página web, si bien todas ellas eran contra locales de hostelería y restauración, así como organismos de administraciones públicas, no contra usuarios particulares. Además, insta a todos aquellos consumidores que detecten vulneraciones de la norma a que rellenen un formulario con sus datos y los de la irregularidad que quieran denunciar.

En cualquier caso, Facua tan sólo dará traslado de las denuncias de los usuarios a las autoridades sanitarias competentes, solicitando que realicen inspecciones para verificar las irregularidades, y aplicar las sanciones que correspondan. Según el Ministerio de Sanidad, «son las comunidades autónomas las que ostentan la competencia de inspección y sanción, si bien ésta puede recaer sobre la Administración General del Estado en el caso de ámbitos supranacionales».

No obstante, según el portavoz de la organización de consumidores, Rubén Sánchez, Facua «no perseguirá en ningún caso a aquellos particulares que incumplan la norma», al considerar que la «deficiente» labor inspectora en establecimientos durante los cinco años de la anterior ley «haría injusto que se persiguiese ahora a los ciudadanos particulares».
Asimismo, Sánchez afirmó a LA RAZÓN que, salvo casos flagrantes, las denuncias a empresarios que señalen convenientemente la prohibición de fumar, pero en cuyos locales un particular incumpla la normativa, serán prácticamente inexistentes.

Para José Luis Guerra, adjunto a la presidencia de la FEHR, habría que primar el diálogo antes que la denuncia anónima, pues «suena a Inquisición, acusando sin fundamento». Guerra señala que la ley se está cumpliendo casi al 100%, dando ejemplo a otros ámbitos donde no se respeta, «como es el caso de los accesos a los hospitales». El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, reconoció ayer que la nueva ley no está siendo del todo efectiva en estos casos y pidió a los responsables de los centros que hagan «énfasis informativo» para impedir que se fume a las puertas de los hospitales.

El presidente de la FEHR, José María Rubio, afirmó que el impacto de la nueva ley será apreciable en unas seis semanas y aseguró que el sector perderá «más ventas que clientes», ya que al entrar y salir de los locales para fumar, «consumirán mucho menos». En declaraciones a Ep, Rubio reconoció que los empresarios ya han acatado la ley con resignación, si bien defendió la propuesta de permitir al empresario escoger si quiere habilitar una zona de fumadores o convertirse en un local libre de humo. «Los más afectados serán los locales más pequeños, con una clientela fija y reducida de la que dependen», añadió Rubio, que calificó la ley de «hipócrita», porque, a su juicio, no persigue reducir el número de fumadores.

A las quejas de la FEHR se sumó también la Asociación de Empresarios de Locales de Ocio Nocturno, que consideró «torpe» el planteamiento de la nueva ley y lamentó la falta de campañas de concienciación ciudadana complementarias a la norma. Para el organismo, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, «transmite un mensaje inquisitorial, con la amenaza de sanciones de hasta 600.000 euros y sin valorar el esfuerzo del sector» para facilitar el cumplimiento de la ley.