Correa se ceba con la banca

Ecuador se adentra en un proceso electoral que culminará el 17 de febrero con la elección de nuevo presidente. En este contexto, el líder del país, Rafael Correa, ha impulsado un proyecto de ley para financiar la ayuda a los pobres con los beneficios de la banca a través de un nuevo impuesto. La medida está siendo debatida en la Asamblea Nacional y ha generado malestar entre el sector financiero, que ve en este proyecto una nacionalización de sus ganancias.
El Gobierno ecuatoriano entrega cada mes el llamado Bono de Desarrollo Humano a 1,2 millones de pobres ecuatorianos por valor de 35 dólares. Correa quiere aumentar la cantidad a 50 dólares y financiar esa subida con cargo a los beneficios de las entidades financieras. En realidad, esta propuesta fue lanzada por el que hasta ahora es su máximo rival de cara a las presidenciales de 2013, el ex banquero Guillermo Lasso, que propuso aumentar el bono con el dinero que el Gobierno destina a la publicidad. Correa asumió parte de la idea y añadió de su cosecha, no será el Estado sino la banca quien pague la subida.

Esta reacción ha sido interpretada como una venganza hacia el sector financiero para dañar al candidato que más puede perjudicarle en los comicios. Lasso es accionista del Banco de Guayaquil, una de las entidades importantes del país.

Desde el sector bancario se afirma que este impuesto reduciría sus márgenes un 5% en 2013 y podría poner en peligro el sistema, ya que los bancos cerrarían el grifo del crédito a empresas y familias. También aducen que de aprobarse la medida, su rentabilidad iría a manos del Estado y no del accionista, reduciendo así la posibilidad de nuevas inversiones. En una conversación con LA RAZÓN, César Ricaurte, director de la entidad Fundamedios, asegura que se trata de «una medida electoralista» que perjudica a su máximo oponente político. «En la oposición hay quien considera que el bono social puede ser una medida solidaria, pero no una política de Estado para maquillar la pobreza del país», añade Ricaurte. El Gobierno, por su parte, argumenta que en 1999 el Estado tuvo que nacionalizar algunas entidades por valor de 8.000 millones de dólares, lo que provocó una crisis y un proceso de emigración. La banca asegura que las entidades financieras de hoy no tienen nada que ver con las que provocaron aquella situación. El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador, César Robalino, lamentó que esta medida supone una «cuasi confiscación de las utilidades». Además, el Gobierno se arroga la potestad de limitar el sueldo a los directivos de entidades financieras.