Inquietud en el Gobierno por un «nuevo GAL»

 La tempestad se cierne de nuevo sobre el Gobierno. A los ataques especulativos contra la economía española, se suma ahora el auto de procesamiento de altos cargos policiales por colaboración con la banda terrorista ETA, dictado ayer por el juez Pablo Ruz, un día después de que Antonio Camacho tomara posesión en Interior. Entre los mandos policiales procesados, figura Victor García Hidalgo, director general de la Policía y la Guardia Civil desde mayo de 2004 a septiembre de 2006, es decir «número tres» de Interior durante el proceso de paz.

A cuatro o siete meses de las generales, según se anticipe o no la cita electoral, las luces de alarma se han disparado, una vez más, en La Moncloa, con el procesamiento de este cargo político por el «caso Faisán». Aunque el juicio no comenzará, casi con toda seguridad, hasta después de las generales, fuentes gubernamentales no ocultan su inquietud por su impacto político y por que, al final, pase por el tamiz de la Justicia el proceso de paz, iniciado por la banda etarra con la declaración del alto el fuego permanente en 2006 y que dio por zanjado ese mismo año con el atentado en la T-4 del aeropuerto de Barajas.

El Gabinete de Zapatero está preocupado, sobre todo, ante la posibilidad de que sus «negociadores» o algún miembro del Ejecutivo se pueda llegar a sentar en el banquillo, como les ocurrió en el «caso Gal» al ministro del Interior y al secretario de Estado de Seguridad de la época, José Barrionuevo y Rafael Vera, respectivamente. De momento, los negociadores del Gobierno durante la tregua de 2006 (el ex ministro Javier Moscoso, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez) han declarado en calidad de testigos ante Ruz.

 No obstante, el instructor de la causa los puede volver a llamar a declarar en cualquier momento del proceso. Mientras, exculpó, en su día, al recién nombrado ministro del Interior y ex secretario de Estado de Seguridad, cargo que ocupó desde abril de 2004 hasta anteayer. En febrero pasado, Ruz no llamó a Camacho a declarar por considerar su testimonio «irrelevante». Desde el teléfono del por entonces secretario de Estado de Seguridad se hicieron llamadas a Victor García Hidalgo, procesado ayer por el chivatazo, que en 2006 alertó a la banda terrorista de una operación contra su red de extorsión.

Ahora tras el procesamiento de los tres altos cargos policiales por colaboración con banda armada, fuentes gubernamentales no descartan que el «caso Faisán» se convierta en un juicio sumarísimo del proceso de paz. Según evolucione la causa, el caso podría salpicar, al menos políticamente, al candidato socialista a la Presidencia del Ejecutivo, según fuentes judiciales. De hecho, ya le ha salpicado. Rubalcaba ha soportado como vicepresidente los dardos lanzados por el PP a costa del «caso Faisán». durante las sesiones de control del Gobierno en la Cámara Baja.

«Sería una auténtica ironía del destino que su imagen se viera afectada por la tregua de 2006, cuando él, precisamente, puso los puntos sobre las íes a los terroristas», asegura un amigo del ex vicepresidente primero. Ahora la única salida a este callejón sería que se aceptara la cuestión de competencia solicitada por la Fiscalía y la causa se remitiera al juzgado de Irún, localidad donde está ubicado el bar Faisán, escenario del chivatazo a ETA.