Expulsión exprés para reincidentes

MADRID- Otro de los efectos colaterales de esta decisión afecta directamente a los empresarios que emplean a estos delincuentes y a la Seguridad Social. Cuando se dicta una condena contra un extranjero suele ir aparejada la retirada del permiso de trabajo y el implicado tiene la obligación de comunicárselo a la empresa en la que trabaja. Como esto no suele ocurrir porque necesita seguir trabajando para sobrevivir, deja a los empresarios indefensos. Además, la Seguridad Social debe devolver los ingresos por este trabajador irregular. El año pasado cerca de 10.000 extranjeros fueron condenados por más de un delito, por lo que, a partir de ahora, los jueces podrían decretar su expulsión.

Cambio de doctrina
La circular se circunscribe a la posibilidad prevista en el artículo 89 del Código Penal de que el juez pueda sustituir una pena privativa de libertad inferior a seis años a extranjeros no residentes legalmente en España por su expulsión. Así, esta circular supone una variación de la propia doctrina de la Fiscalía sobre el principio de proporcionalidad. Hasta ahora, sostenía que no procedía solicitar la sustitución de la pena por la expulsión ni en casos de responsabilidad personal por medio de multa ni en caso de pena de localización permanente por falta, al considerar que en estos casos no se respetaba el principio de proporcionalidad. Ahora, establece que si se acredita que un irregular condenado lleva una forma de vida contraria al ordenamiento jurídico, la solicitud de expulsión no será desproporcionada.

La medida no ha sido bien acogida por los inmigrantes. «La modificación abre una vía a la expulsión exprés de inmigrantes, lo que sirve para solucionar el grave problema que existe en España con la inmigración». Así de tajante se mostró Luz Helena, portavoz del colegio profesional de abogados de Extranjería de Madrid. En este sentido, considera que la circular supone «una violación de los derechos fundamentales de los extranjeros». «Cuando se encuentren con el caso de un extranjero que, por ejemplo, haya perdido los papeles por un delito anterior y sea acusado de otro delito, los fiscales van a pedir su expulsión sin que se haya celebrado el juicio, sin que pueda intentar demostrar su inocencia. Sólo quieren deshacerse de ellos lo antes posible», comenta indignada la portavoz.

Las asociaciones de inmigrantes también temen que se haya abierto una puerta para vulnerar sus derechos. Muhammad Escudero, portavoz de la Junta Islámica, calificó la medida de «tendenciosa» y dijo que «le da poder a la Justicia para actuar sin control contra los inmigrantes. El peligro de esta circular es que se puede ser mal utilizada y llegue a vulnerar algún derecho fundamental».

Gilberto Torres, de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España, lamentó que se vincule a la inmigración con la delincuencia y pidió un compromiso de la Justicia para juzgar los casos a fondo para que no se vulneren los derechos fundamentales del afectado. Víctor Sáez, vicepresidente de la asociación de chilenos Violeta Parra, reclamó el cumplimiento de las garantías procesales que ofrece el sistema jurídico español: «Cualquier vulneración de la Ley debe ser castigada, pero la sanción debe ser acorde al delito. No se puede tolerar».

 

Empresarios indefensos
Aurora González, propietaria de la constructora Proiescon, es una de las víctimas de las contradicciones legales en materia de inmigración. Aurora detectó que tres de los 100 extranjeros de su empresa habían perdido su permiso de trabajo por haber cometido un delito y les informó de que hasta que no tuvieran los papeles en regla no podían trabajar. A pesar de cumplir la Ley, la Justicia la ha condenado a indemnizar a uno de ellos. Ya ha recurrido.