Topos en las operadoras de móviles

El mercadeo de datos es un hecho demasiado frecuente en ámbitos empresariales, aunque pocas veces transciende a la opinión pública. En España funcionaba una red que podía obtener cualquier tipo de información, ya fueran datos de Hacienda, Seguridad Social, registros médicos o llamadas hechas por el móvil. Tampoco hubo problemas a la hora de vender datos laborales de Telma Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias o para grabar un almuerzo del esposo de María Dolores de Cospedal.

Sobran los interesados por este tipo de informaciones. La necesidad de saber está únicamente limitada por el coste de la información. A priori, los datos financieros, laborales y mercantiles que van mucho más allá de los registros públicos, son de gran interés para las empresas, donde se podría citar un abanico que va desde el análisis de la competencia, los informes reputacionales a la hora de plantear negocios futuros hasta el cobro de morosos.

Dependiendo del contenido de un informe, grandes empresas y multinacionales estarían dispuestas a pagar su peso en oro. Igualmente de interés, a otro nivel, son los antecedentes policiales –que no judiciales– decisivos a la hora de contratar a una persona en un puesto «delicado» como el de un puesto ejecutivo o con acceso a importantes sumas de dinero.
Hay muchos más escenarios. En el caso de Telma Ortiz es razonable apuntar al periodismo del corazón como interesado, que de confirmarse obligaría a reflexionar sobre la procedencia de muchas de las informaciones de carácter privado que se airean habitualmente en este sector.

Otro tipo de datos, como listados con llamadas telefónicas, titularidad de números o alquileres de coches, tienen mejor encaje en un marco investigativo. No cabe duda sobre la utilidad de tener en nómina a algún «topo» dentro de las operadoras de móviles.
Los datos son obtenidos por investigadores privados o informadores comerciales siempre bajo el encargo de otros intermediarios que son los que realizan los informes para el cliente final. Aquí hay toda una cadena que se nutre de la información y donde se puede incluir a otros detectives, bufetes de abogados, consultorías, agencias de seguridad y similares.

El potencial de este mercado negro de datos tiene su origen en las estrictas limitaciones de índole legal que afectan tanto a la seguridad como a la investigación privada en España, las cuales están encorsetadas por el Estado. Muchas de las demandas de información no pueden ser satisfechas ni siquiera ante una finalidad lícita, ya que los medios a emplear violarían la protección de datos personales u otro sinfín de normativas vigentes. Un tímido avance en este terreno, restringido al campo de la seguridad, es el reciente plan de colaboración Red Azul de la Policía Nacional.

Incluso el obtener la información más básica, como por ejemplo conocer quiénes son los propietarios reales de cualquier pequeña sociedad mercantil en España, podría resultar inaccesible. Para ocultar este dato, no es necesario diseñar ninguna operación de ingeniería societaria, sino que basta con acudir a cualquier notario y realizar una compraventa. A partir de ahí, sólo la Agencia Tributaria conoce al nuevo dueño, dato únicamente obtenible a cambio de amistad o dinero.

En «Pitiusa» es aplicable la frase del poeta romano, «¿Quis custodiet ipsos custodes?» –quién vigila a los vigilantes–, ya que los «espías» han resultado en este caso ser miembros de la Policía, Guardia Civil y Mossos D'Esquadra, sin olvidar a empleados de diversos organismos de la Administración, incluyendo a Hacienda, INEM o Seguridad Social. También aparecen directivos de empresas privadas poco escrupulosos con la custodia de datos personales, pertenecientes a empresas de telefonía móvil o de alquiler de vehículos, entre otros.

El trapicheo de datos es un negocio muy lucrativo para los que confeccionan los informes finales, pero entre los informadores el beneficio es desigual, ya que no toda la información tiene el mismo valor. Históricamente los más económicos siempre han sido los cuerpos policiales, que se conforman con unos 40 euros por consultas básicas. Al otro extremo del baremo figuran los datos de Hacienda, donde pueden alcanzarse miles de euros según el caso.