Conflictos laborales
Los despidos nulos de Fraile: 2 millones de euros
El Ayuntamiento acumula una «deuda» millonaria con los trabajadores expulsados hace un año. La Justicia obliga a restituirlos y pagarles las nóminas atrasadas
Madrid- Este sábado hizo un año de los despidos de 56 trabajadores del Ayuntamiento de Parla. Una decisión que al alcalde del municipio, José María Fraile, le costó su pacto de Gobierno con IU y por los que, según ha denunciado el Colectivo de Trabajadores Despedidos, las arcas parleñas tendrán que pagar, al menos, dos millones de euros.
El motivo de esta «deuda» se debe al retraso que Fraile acumula a la hora de readmitirlos, tal y como le lleva solicitando la Justicia, que el pasado febrero consideró nulos los despidos por no incluirlos en un ERE y por aprobarlos sin indemnización y saltándose el Estatuto de los Trabajadores, que exige 20 días por año trabajado. La sentencia obliga, además de readmitir a los trabajadores despedidos, a abonar las nóminas que dejó de pagar desde la fecha en la que se efectuaron las salidas hasta la readmisión. Una cifra que un año después, según los cálculos del colectivo de trabajadores despedidos por el Ayuntamiento de Parla, ya asciende a dos millones de euros y seguirá aumentando según se vaya retrasando.
El alcalde de Parla ha interpuesto recursos de apelación a las sentencias del TSJM –que le obligan a readmitir a los trabajadores despedidos–, sin embargo, ya se ha producido la primera desestimación (en segunda instancia) de al menos uno de los recursos del Ayuntamiento. No obstante, el regidor parleño está decidido a llevar hasta el Supremo las sentencias; una decisión con la que gana tiempo, pero con la que también aumenta la «deuda» municipal con los trabajadores. Ésta es, sin embargo, sólo una de las dos caras del alcalde de Parla.
Las dos caras del alcalde
Y es que, mientras que Fraile ordena a los abogados que recurran la readmisión de los trabajadores, de cara a la galería (y consciente de que no tiene mayoría absoluta) ha llegado a votar a favor de su readmisión. Ocurrió en Pleno municipal, cuando el PSOE quiso aprobar una moción sobre la Ley de Dependencia y el PP propuso añadirle un punto en el que se pedía la readmisión de los trabajadores despedidos hace un año del área de Servicios Sociales. Los populares lograron el apoyo de UPyD y de IU que, a pesar de que en la mayoría de asuntos apoya al PSOE, éste fue el motivo por el cual rompió el pacto de Gobierno, que le unió a los socialistas desde las pasadas elecciones de 2001 hasta hace un año.
En primer lugar, se votó si se aceptaba incluir la enmienda del PP dentro de la moción de Dependencia. Todos los grupos votaron a favor, excepto el PSOE, que se absutvo, con lo que la enmienda del PP se incluyó, ya que los socialistas no tienen mayoría absoluta. A continuación, el Pleno votó la moción sobre Dependencia propuesta por el PSOE y en la que ya estaba incluida la readmisión de los despedidos. Todos, incluido Fraile, votaron a favor de una enmienda que le obliga a readmitir a la cuarta parte de los trabajadores que él mismo despidió hace un año y que se niega a incorporar a sus antiguos puestos de trabajo.
No obstante, éste no es el único caso en el que el alcalde de Parla se niega a cumplir con una sentencia que le obliga a admitir a un trabajador municipal. Tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado sábado, la Justicia ha elevado la acusación contra el primer edil de Parla, que ha pasado de imputado a procesado por no cumplir otra sentencia que le obliga a readmitir, en este caso, al ex jefe de la Policía Local.
Fraile conocía esta decisión del juez sólo unos días después de que la Cámara de Cuentas hiciera público un informe en el alertaba de la «insolvencia técnica a 31 de diciembre de 2010» del Ayuntamiento parleño, con previsiones de ingresos hinchados «de manera artificial» y en una situación en la que los servicios municipales están en riesgo de no poder ser prestados.
A este informe se une el del Tribunal de Cuentas que, con datos de 2011, ha afirmado que el Ayuntamiento parleño cometió «irregularidades», incumplió el plan de ajuste de 2009 y se encuentra en una situación de «insolvencia apreciable».
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