El Gobierno reformará la ley del aborto para exigir el consentimiento paterno

Así lo ha anunciado Ruiz-Gallardón en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la que ha recordado que la ley actual fue aprobada "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos"y ha señalado que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional, informa Efe.

La ley vigente desde julio de 2010 no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que éstas no aleguen peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

Además, Ruiz-Gallardón ha anunciado la introducción de tasas judicales a partir de la segunda instancia, como medida para reducir la litigiosidad, evitar "abusos"y mejorar el uso de los recursos disponibles, informa Servimedia.

"Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", ha anunciado el ministro de Justicia, para añadir que dicha tasa se reintegrará si el recurso prospera.

Estarán exentos de pago las personas que acrediten falta de recursos, y este mismo control se aplicará al modelo de justicia gratuita, ya que se exigirá la acreditación de falta de recursos para poder disponer de abogado de oficio, según anunció Ruiz-Gallardón. También en caso de recurrir la primera resolución que se obtenga, se revisará de nuevo la situación económica del solicitante para poder seguir haciendo uso de la justicia gratuita en los recursos.

Cadena perpetua revisable

En su comparecencia, Gallardón ha anunciado también que el Gobierno estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, en la línea de la que existe en otros países europeos, que sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social.

Estas son algunas de las novedades avanzadas por Ruiz-Gallardón, quien insistió igualmente en la necesidad de regenerar las altas instituciones para solventar la imagen de "politización"y la falta de confianza que generan actualmente en los ciudadanos

Así, se reformará el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial -para que 12 de ellos sean designados directamente por los jueces- superando "cuotas partidistas". Se actuará también en las competencias del Supremo y del Constitucional,
y respecto a este último ha propuesto una superacion del "pasado"para reformar a sus miembros de modo que sus nombramientos no respondan a cuotas de partidos ni de grupos parlamentarios.

El titular de Justicia argumentó que la percepción que tienen los ciudadanos es que la división de poderes está "absolutamente vulnerada" en el CGPJ, ya que la "lucha partidista"se extiende a este órgano.

Éste es el motivo, señaló, por el cual el Gobierno quiere que 12 de los 20 miembros del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, mientras que los ocho restantes serían designados por las Cortes.

En este sentido, Gallardón emplazó a las formaciones políticas a ponerse de acuerdo también para que estos ocho vocales que eligen los partidos sean también las "personas adecuadas"y no respondan al principio de reparto de "cuotas"entre las fuerzas políticas.

En esta línea, el ministro también destacó que otro de sus objetivos es acabar con cualquier "sombra"de politización de la Fiscalía, de manera que se cumpla el principio constitucional de imparcialidad de este órgano.