La UE no sabe apretarse el cinturón

BRUSELAS- Las instituciones europeas han empezado la revisión de los presupuestos para el próximo año. Pero al contrario de lo que sucede en los Veintisiete Estados miembros, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea (CE) han dejado la tijera en el cajón y han pedido poner más ceros a sus cuentas para gastos administrativos.La semana pasada, la Eurocámara aprobó un aumento de 9,4 millones de euros en su presupuesto para este año para cargar con el trabajo adicional que acarrea el Tratado de Lisboa. Los eurodiputados son conscientes de la dificultad de justificar este importante aumento a los contribuyentes europeos, especialmente cuando desde Bruselas se han impuesto severos planes de austeridad que afectan a los salarios y pensiones en países como Irlanda, Portugal o España, los más afectados por la crisis en el Viejo Continente.«Es un momento complicado para pedir a las personas fuera del Parlamento que acepten nuestro voto para este incremento, pero existen gastos adicionales asociados al Tratado de Lisboa», explica la eurodiputada irlandesa Mairéad McGuiness a Eurobserver.La cámara europea no es la única que ha extendido la mano, justo cuando desde las instituciones de la UE se ha recuperado el discurso de la disciplina fiscal más ortodoxa para convencer a los mercados financieros de la solvencia de la eurozona.Un día antes del voto de los eurodiputados, el pasado martes la Comisión Europea defendió ante los países miembros un aumento del 6% del presupuesto comunitario para el próximo año, del que un 4,5% se destinará también a gastos administrativos, hasta los 130.000 millones de euros.La propuesta rechinó en la mesa del Consejo Europeo, ya que aterrizó en medio de la discusión de los ministros de Finanzas europeos (Ecofin) sobre las medidas para sanear las cuentas públicas de los países de la eurozona.

Euroescepticismo amableEl nuevo ministro británico de Finanzas, George Osborne, no tuvo mucho tiempo para mostrar la cara amable que los conservadores han prometido a Bruselas para maquillar su tradicional euroescepticismo.«No estaba sólo al decir que ésto [el aumento] era inaceptable, cuando muchos Estados miembros están teniendo que aceptar restricciones en su gasto público y, de hecho, recortes en sus gastos administrativos», subrayó Osborne, que tiene el desafío de reducir el 12% del PIB del déficit británico, el más alto de toda la Unión Europea (UE).El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, justificó este incremento porque «en algunos casos es más conveniente la inversión desde Europa». «No estamos pidiendo un incremento del gasto global. Además, en algunas áreas como la Política Agrícola o la seguridad energética necesitamos actuar a nivel europeo, como en otros casos lo más conveniente es intervenir a nivel local o regional», respondió al ser preguntado este fin de semana al respecto.Jornadas del CESEEl presidente de la CE participó en las jornadas organizadas por el Consejo Económico y Social Europeo sobre la educación (CESE) como elemento para combatir la exclusión social, donde los participantes alertaron del coste social de la crisis producido por la rígida disciplina fiscal de Bruselas.«Desde luego, la imagen que se manda no es muy apropiada», opina Mario Sepi, presidente del CESE. «Pero la administración también es necesaria para que Europa funcione, y una Europa que funciona es beneficiosa para todos sus ciudadanos», justifica el directivo.Actualmente, las arcas comunitarias cuentan con un presupuesto que supone alrededor del 1% del PIB de los Veintisiete. El año pasado, el presupuesto europeo ascendió a 116.000 millones de euros, lo que equivale a 235 euros aportados por cada europeo. Casi la mitad del gasto se destina a la Política Agrícola Común (PAC).Contra la exclusión socialCon las discusiones de Bruselas monopolizadas por los planes para reforzar la disciplina fiscal y la gobernanza económica de la UE, la sociedad civil se ha movido fuera de la capital comunitaria para pedir más acción política para reducir el impacto social de la crisis.El Comité Económico y Social Europeo, que agrupa a las empresas, sindicatos y ONG de la UE, pidió a la Comisión Europea este fin de semana en Florencia que elabore un libro verde con el que preparar el terreno para nuevas políticas para fomentar la inclusión social. La recesión ha mermado los ingresos de las familias, y uno de cada cuatro europeos ya se encuentra en riesgo de caer bajo el umbral de la pobreza.