La Comunidad recurrirá ante el TC la Ley de Financiación por lesionar a la Región

De esta manera, el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó ayer interponer ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad por entender que se produce un conflicto positivo de competencias dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio, puesto que el Ejecutivo autonómico entiende que la reciente Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas provoca una importante lesión contra la autonomía política y financiera de la Región. No obstante, el Gobierno Valcárcel puso a trabajar a su servicio jurídico en cuanto tuvo conocimiento de manera oficial del importe que la financiación autonómica planteaba destinar a la Región para el presente año.

Esto sucedió en el mes de octubre del año pasado y desde ese momento empezó a funcionar todo el mecanismo de defensa de la Comunidad para preservar los intereses económicos regionales. Las discrepancias político-económicas con respecto a la legislación son varias, aunque unas de las que el seno del Gobierno considera más flagrantes son el hecho de que el importe de la financiación para este año en la Región ignora de pleno el pago de los Fondos de Convergencia. Entre ellos se encuentran los denominados de Competitividad que deberían suponer un pago para las arcas regionales de 211 millones de euros. Este hecho ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno regional, Inmaculada García y por el portavoz en la Asamblea Regional del Partido Popular, Juan Carlos Ruiz. A partir de ahora, esta queja adopta forma jurídica con la interposición del recurso ante el Constitucional. Además, en el mes de diciembre de 2010 el Gobierno regional interpuso un requerimiento con antelación a la interposición de conflicto positivo de competencia. Este movimiento por parte del Ejecutivo nunca tuvo respuesta, aspecto que ha motivado que el Gobierno regional diseñe su recurso de inconstitucionalidad para agotar todas las vías legales existentes para que se subsane una situación que la Comunidad considera gravemente lesiva para sus intereses económicos y por ende de desarrollo.

Recado para los sindicatos
Dentro de otro ámbito, la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas y a la sazón portavoz regional, María Pedro Reverte, se mostró taxativa ante las críticas que está recibiendo su Gobierno por parte de los sindicatos (UGT, CC.OO. y Sterm) que no apoyaron el preacuerdo dentro de la negociación por la Ley para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas. Reverte exigió a las organizaciones que abandonen la «demagogia y los eslóganes grandilocuentes». Además, los acusó de mentir cuando afirman que el Gobierno ha recortado dentro de los ámbitos educativos y sanitarios. En el campo de la educación, Reverte explicó que este concepto acapara el 28,1 por ciento del total del presupuesto de la Comunidad (la región que más destina en educación solo por detrás de la Comunidad Valenciana). De igual manera, la portavoz regional recordó que el Gobierno incrementó para 2011 sus partidas para educación en un 5,7 por ciento cuando la tónica del panorama nacional refleja un descenso del 4,8 por ciento de media.

Reverte también criticó la actitud alborotadora que tienen los sindicatos cuando permanecieron silentes ante los recortes de Zapatero como la ampliación en dos años de la edad de jubilación, el incremento del IVA o la bajada de los sueldos de los funcionarios en cinco puntos.
 


El Gobierno retrasará el pago de inversiones para asegurar el preacuerdo
El acuerdo suscrito entre el Gobierno regional y los sindicatos que aprobaron el texto sobre la Ley de Medidas Extraordinarias provocará que el Ejecutivo deje de ahorrar 60 millones de los 200 que tenía previsto cuando aprobó la legislación. La portavoz regional, María Pedro Reverte, explicó que para recuperar la cantidad que se ha perdido por el camino de la negociación se va a llevar a cabo un «deslizamiento» del pago de las inversiones que la Comunidad tiene previsto realizar en este año. En concreto, la partida para tal fin es de 680 millones de euros, de los cuáles, Reverte estimó que se deberá aplazar el pago de entre un ocho y un diez por ciento del total. De igual manera, aclaró que esta fórmula será la definitiva porque «no existirán más preacuerdos sobre la Ley». Por su parte, la consejera de Sanidad y Consumo, María Ángeles Palacios, respondió a las críticas surgidas por la supuesta destrucción de trabajos eventuales. «Se trata de empleos que se renuevan con el tiempo porque en su mayoría son sustituciones», aclaró. Dentro de otro ámbito, Reverte anunció que a lo largo de este mes se dará a conocer de manera exacta y pormenorizada la reestructuración que se está realizando dentro del Gobierno regional en su plan de adelgazamiento de la administración. Por otra parte, el Consejo de Gobierno acordó ayer la aprobación del Reglamento de derechos y obligaciones de los viajeros del transporte por carretera de la Región. De esta forma, Murcia se convierte en la primera comunidad española en disponer de una reglamentación de esta índole.