La banda siguió este verano con el chantaje a los empresarios

Según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, la mayor parte de estas misivas fueron depositadas en Correos de Vitoria a finales de junio, pero otras llegaron con posterioridad a industriales de Navarra. Las cantidades que ETA trata de extorsionar van desde los 90.000 a los 400.000 euros.

En una nota de los servicios de información, fechada en marzo de este año, a la que ha tenido acceso este periódico, se contemplaba la posibilidad de que ETA tratara de atacar a las empresas que no pagaban con el fin «incrementar las reservas de cara a un futuro alto el fuego». Este informe se basaba en la hipótesis de que los pistoleros anunciaran una tregua que incluyera el cese de la extorsión, lo que no ha ocurrido.

A este respecto, los expertos consultados subrayan que la banda no se ha marcado una fecha, ni siquiera a medio plazo, para dejar las armas y desaparecer. El comunicado que publicó ayer «Gara» es un movimiento táctico para tratar de llevar al Gobierno a una negociación en la que pueda tratar de colar sus listas en las elecciones municipales y forales del año que viene.

Asimismo, señalaron, tradicionalmente, los terroristas no envían cartas de chantaje del llamado «impuesto revolucionario» durante el mes de agosto, ya que sus destinatarios pueden estar de vacaciones y las misivas pueden caer en otras manos o perderse. Por ello, se está a la espera de conocer si en septiembre se produce una nueva remesa aunque no hay ningún dato que avale que los pistoleros vayan a renunciar a esta fuente de financiación.

Tal y como adelantó este periódico, durante el primer trimestre de este año ETA dio una vuelta de tuerca a las amenazas contra los empresarios que se habían negado a pagar el «impuesto revolucionario». Llamaba a sus casas o a sus despachos profesionales con el fin de demostrarles que podían localizarles en cualquier momento y atentar contra ellos.

Durante el alto el fuego anunciado en 2006, la banda, según los mediadores del Gobierno que negociaron la tregua, se había comprometido a cesar el chantaje económico contra los empresarios y los ataques de terrorismo callejero. Ninguna de las dos cosas se cumplieron aunque, con posterioridad, según documentos internos de ETA, lo justificó en que el Ejecutivo también había imcumplido los compromisos previos.

En este caso, no ha habido, que se sepa, conversaciones previas con los terroristas por parte del Gobierno ni de representantes políticos, por lo que la decisión de mantener la extorsión obedece a la necesidad de incrementar sus reservas económicas para cubrir los gastos de la reorganización interna que llevan a cabo.