La UE demanda a España otra reforma laboral

BRUSELAS- La austeridad y una firme disciplina fiscal son las notas que marcan el paso de la nueva UE que emerge de la crisis, más aún tras la última vuelta de tuerca de la cumbre europea. Y a partir de hoy, la vara será más larga y firme para castigar a los que no cumplan con lo estipulado.
El llamado macropaquete de gobernanza económica entrará hoy en vigor con la capacidad de sancionar con mayor automatismo, así como con multas más severas (2.000 millones para España) a los países que sobrepasen los límites del 3% de déficit o el 60% del PIB de deuda del Pacto de Estabilidad. El enorme impacto de la Gran Recesión en las arcas públicas ha llevado a que sólo cuatro países –Estonia, Finlandia, Luxemburgo y Suecia– cumplan con estas líneas rojas. Además, los socios también han añadido como novedad indicadores para detectar de manera temprana posibles desequilibrios en la situación de un país, como sus niveles de desempleo o su endeudamiento privado, con castigos también previstos para los que no sigan las recomendaciones para corregir el rumbo.
España está en la diana por este nuevo marcaje macroeconómico, en especial por las abultadas cifras de parados que ayer volvió a resaltar la Comisión Europea. «Creo que es extremadamente lamentable que España tenga una tasa de paro por encima del 20%, lo que indica la necesidad de una reforma estructural en el mercado de trabajo y otras medidas políticas para mejorar la empleabilidad de los ciudadanos españoles», dijo el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn (en la imagen), el encargado de vigilar la salud del panorama económico de la Unión.
No es la primera vez que Bruselas avisa a España recientemente sobre la necesidad de acometer una nueva reforma laboral. Sin embargo, la presión aumenta con las nuevas normas de gobernanza, porque lo que ayer fue sólo un comentario de Rehn, a partir de enero –cuando la Comisión analizará «en profundidad» a los países– podrá ser una recomendación formal que se transformará en una sanción de hasta 1.000 millones, un 0,1% del PIB, en caso de que España no siga las instrucciones del comisario para corregir la sangría del mercado laboral.