El Gobierno cambiará la Ley del Poder Judicial para rescatar el Estatut

El Consejo de Ministros analizó ayer un informe que recoge distintas iniciativas del Gobierno para mejorar el autogobierno en Cataluña que pasan por allanar los obstáculos legales para que recupere alguna de las competencias cercenadas por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut.

Las primeras medidas apuntan a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permita la atribución de competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los consejos autonómicos de Justicia, tachados de inconstitucionales por el TC. Además, De la Vega también se refirió a la posibilidad de introducir cambios en la actual regulación de la casación, una medida que alteraría la condición del Tribunal Supremo de última instancia jurisdiccional, un papel que pasarían a desempeñar los respectivos tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma.

En la rueda de prensa posterior a este Consejo de Ministros estival, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, recordó el encuentro del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, con el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, tras el fallo del Alto Tribunal.

Fomentar el autogobierno
Según indicó De la Vega, el vicepresidente tercero del Gobierno y titular de Cooperación Territorial presentó ayer un informe sobre las actuaciones del Ejecutivo para desarrollar el Estatuto, con el objetivo de impulsarlas «en todos sus ámbitos en el marco de lo dicho por el Tribunal Constitucional» y fomentar el autogobierno en Cataluña.

Entre las iniciativas legislativas que va a impulsar el Ejecutivo próximamente destacó, precisamente, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una tarea de la que se encargará el Ministerio de Justicia que dirige Francisco Caamaño.

Con todas estas actuaciones, añadió, el Ejecutivo pretende desarrollar el Estatuto de Cataluña, una vez «avalada la práctica totalidad» de éste, y aprovechar la situación para, por un lado, dar un impulso «al margen» que el propio Constitucional deja para ampliar el autogobierno y, por otro, satisfacer las «legítimas aspiraciones» de los ciudadanos de Cataluña y sus sentimientos identitarios.

La vicepresidenta precisó que también se estudiará la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal para permitir la incorporación, en su caso, de los fiscales a los Consejos de Justicia.

El Consejo de Ministros estudió también los traspasos de competencias pendientes y se acordó impulsarlos a través de una comisión delegada de política autonómica y de la comisión bilateral con Cataluña, que podría celebrarse el próximo mes de septiembre.

De la Vega precisó en relación a este asunto que algunos traspasos «ya se vienen haciendo», mientras que otros están en trámite y algunos hay que ponerlos en marcha, para lo que se convocan los referidos órganos.