«Nuestro dinero se lo han llevado otros»

SEVILLA- Son los otros prejubilados de Mercasevilla. Porque los trabajadores que se beneficiaron del expediente de regulación de Empleo de 2007 en el mercado central, no son los únicos que han dejado de recibir su prestación.
Cuando en junio de 2006 Dolores López aceptó el despido que la desligaba de la empresa a la que había dedicado 30 años de su vida lo vio como la «única opción». Tenía 52 años y fue incluida en un ERE que debía sacar a Surcolor –donde figuran como «intrusos» dos cuñados del exdelegado de Empleo Antonio Rivas– de la crisis en la que llevaba sumida dos años, tras venderla su propietario. En total, 24 personas se acogieron al proceso de las que 19 continúan siendo prejubiladas–el resto están jubiladas–. Surcolor, una de las empresas investigadas por la Junta a raíz de los ERE falsos, suscribió una póliza con la aseguradora belga Apra Leven –Vitalia actuó también de intermediadora–. En junio de 2009, esta sociedad remitió una carta a los empleados informándoles de que su empresa había dejado de abonar las cuotas entre septiembre de 2007 a enero de 2008, por lo que los trabajadores vieron reducido su salario 16,29% –la parte correspondiente a Surcolor–. En el mismo escrito, les advertía de un recorte mayor si no fructificaban las negociaciones con la Junta de Andalucía, que acumulaba varios recibos impagados de esa misma póliza.
«Hubo problemas desde el principio. Cobrábamos unos meses y luego pasábamos otros dos ó tres sin que nos pagaran nada», relata Dolores, portavoz de los afectados. Tres de ellas acudieron ayer al Parlamento a exigir un compromiso al Gobierno andaluz para solucionar su situación. Llevan sin recibir ni un euro desde el pasado diciembre. Aún así, deben seguir pagando las cuotas de la Seguridad Social para no perder sus privilegios y poder completar los años de cotización necesarios. Lo único que lograron es que el parlamentario y candidato del PP a la Alcaldía, Juan Ignacio Zoido, las atendiera.
Antes, habían remitido sendos escritos al Defensor del Pueblo y al presidente de la Junta denunciando su situación. El primero no aceptó a trámite su queja, alegando que no había ninguna administración implicada; el segundo adujo «una agenda sobrecargada» y remitió a la Consejería. Fueron los representantes sindicales de CC OO quienes intermediaron con Empleo y «nos insistieron en que no podíamos denunciar». «Si lo hubiéramos hecho, un juez habría tirado del hilo –lamenta María–. No es que no hubiera dinero, como nos dijeron, es que se lo estaban llevando otros». Sobre su prestación, no tiene duda: «Ni está ni se le espera».