Los funcionarios se desmarcan de la campaña sindical contra Rajoy

MADRID- El sindicato mayoritario en las administraciones públicas CSI-F se ha desmarcado definitivamente del referéndum contra el plan de ajustes del Gobierno que promueven con el paraguas de la denominada Cumbre Social las centrales UGT y CC OO. El motivo, como adelantó LA RAZÓN el pasado 18 de septiembre, es que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios considera que las acciones de los sindicatos de clase tienen un claro tinte político. «No estamos para quitar o poner gobiernos», indicaron fuentes de CSI-F a este diario. El sindicato profesional de funcionarios estima que la campaña para forzar una consulta popular «va más allá» de las «reivindicaciones profesionales, laborales y de defensa de los servicios públicos». Por eso, CSI-F remarcó en un comunicado que «no se mueve por intereses políticos» sino que es un sindicato «profesional e independiente, y la experiencia nos dice que los recortes se han producido por gobiernos de uno y otro signo, tanto a nivel nacional como autonómico».
La central de funcionarios, que cuenta con cerca de 170.000 afiliados en toda España, aclaró que su negativa a respaldar el referéndum que alientan UGT y CC OO es una decisión «puntual» y mantendrá su presencia en el Foro Sindical de la Función Pública, que agrupa a 25 sindicatos con representación en este ámbito.

En este sentido, CSI-F aseguró que esta decisión de desmarcarse «no rompe el consenso, ni el espíritu unitario en la lucha contra los recortes por parte de las diferentes organizaciones». La agrupación funcionarial –que se ha mostrado en favor de la negociación y no de la confrontación– recuerda que «la decisión de no respaldar el referéndum es perfectamente compatible con la labor de CSI-F en colaboración con todas aquellas organizaciones de la Cumbre Social».
Asimismo, el sindicato solicitó al Gobierno que abone parte de la paga extra de diciembre, suprimida por el Ejecutivo, como ha recomendado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien considera que la supresión debe ser proporcional desde el pasado 15 de julio, cuando se aprobó esta medida de ajuste.