Empleo justificó el «fondo de reptiles» ya que restablecía «la paz social»

En una región con una alta tasa de paro estructural, el cierre de empresas suponía – y supone– un gran factor de inestabilidad y con la política de ayudas económicas, el Ejecutivo andaluz se garantizaba menor contestación social, uno de los factores que más preocupan a los gobiernos. Esto es lo que se desprende de las alegaciones que la Consejería de Empleo realizó al primero de los informes –año 2005– de la Intervención General de Hacienda en el que ésta alertó de que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social estaba tramitando ayudas «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido».

La justificación de Empleo es clara. Está fechada el 11 de abril y la firmó el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá. En el último punto de su escrito dirigido al máximo órgano de control dice: «La propia naturaleza de las actuaciones, muchas de ellas dirigidas a evitar colapsos de empresas, propiciar su salvación o restablecer la paz social, descartaban que el procedimiento de actuación se llevase a cabo a través de procedimientos singulares de subvenciones excepcionales, sometidos a un dilatado procedimiento administrativo».

El objetivo era que el dinero saliera a sus destinatarios de manera rápida. De ahí el convenio con el IFA –luego Agencia IDEA–, el ente instrumental que sirvió para articular este proceso. Lo dice también Barberá en otra de sus alegaciones: «La subvención general se descartó como inadecuada, dado que el sentido de esta forma de actuar era el establecimiento de una estrecha colaboración entre la Consejería de Empleo y su instrumental Instituto de Fomento de Andalucía, que debería mantenerse ininterrumpida durante toda la legislatura».

Así se explican las exigencias de la Consejería de Presidencia a la Dirección General del hoy imputado Francisco Javier Guerrero para que solventara los conflictos de manera urgente. En los ERE de A Novo Comlink y Bilore, la mediación del ex presidente Manuel Chaves fue importante para que los trabajadores aceptaran las prejubilaciones. Como publicó ayer LA RAZÓN, en el segundo de ellos, el director de Área de Planificación y seguimiento de Presidencia, Antonio Jesús Mena, recuerda que «sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer» –una protesta de los trabajadores en una visita de Chaves a Osuna (Sevilla) un mes antes de las elecciones de 2004–.

Esas prisas y la falta de un proceso administrativo garantista es lo que ha permitido que se hayan detectado al menos 72 intrusos y 111 irregularidades administrativas. Se trata de personas incluidas en un ERE de empresas en las que nunca han trabajado y que han percibido una póliza de rentas financiada por la Junta de Andalucía. El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga hasta dónde alcanzan las responsabilidades de la trama. La juez Mercedes Alaya ha solicitado las actas de los consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía porque, según explicó en un auto, estudia un posible delito de prevaricación. La instructora quiere conocer si el objetivo político de la «paz social» prevaleció sobre la legalidad vigente en materia de subvenciones.

Dimite la directora del SAE, persona de confianza del consejero Recio
La directora gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Alejandra Rueda Cruz, ha presentado su dimisión «irrevocable» por «razones personales». Rueda tomó posesión de su cargo el 23 de abril de 2010. Anteriormente había sido delegada de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería, responsable de la Oficina de Calidad de los Servicios de la de Justicia y Administración Pública y secretaria general de Innovación, Ciencia y Empresa en la misma provincia. Era una persona del entorno del consejero Manuel Recio, también almeriense. Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, denunció la existencia de «presiones terribles a funcionarios y trabajadores de la Consejería de Empleo» con la intención de «tapar las responsabilidades de dirigentes actuales del PSOE y del Gobierno de José Antonio Griñán» en relación con las irregularidades detectadas en los ERE.