La juez Alaya imputa al exdiputado del PSOE-A Ramón Díaz por el caso de los ERE

En el mismo auto, dictado el día 12 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada imputa a otras cuatro personas en la causa, entre ellas el que fuera jefe de Servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Antonio Diz-Lois Ruiz, y la que fuera asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa.

La instructora de los ERE también imputa a María Angeles Gala Martín, que fue responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo y estuvo en este departamento desde el 1 de enero de 2000 hasta el 24 de abril de 2009, siendo tramitadora de los expedientes de ayuda en la época de Francisco Javier Guerrero junto a Rocío Sayago Gómez, a la que, igualmente, imputa en la causa y le atribuye haber "influido"en que la empresa de su marido y cuñado recibiera una ayuda directa de 60.000 euros por parte de Guerrero.

En este sentido, la magistrada ha dictado una providencia, consultada por Europa Press, en la que, además de citar a declarar el día 6 de julio a la propia Rofa, cita como imputados el 3 de julio al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez; el 11 de julio a su sucesor en el cargo, Daniel Alberto Rivera, y, por último, el día 27 de julio al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

Volviendo al auto, Mercedes Alaya considera que Ramón Díaz, asesor de la Consejería cuando se dieron las ayudas investigadas, tuvo una "activa participación"en la inclusión de dos intrusos en el expediente de Calderinox --Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández--, de otros dos en Saldauto --Rafael Rodríguez Fuentes y Antonio González Pérez--, y de otro intruso en A-Novo, asegurando en este último caso que "podría haber tenido interés en su inclusión"por pertenecer el intruso a la Agrupación Socialista de Nervión.

De igual modo, le imputa su presunta implicación en la ayuda sociolaboral a SAT Virgen del Espino para ocho trabajadores por una cuantía total de 450.000 euros, "cuando dicha empresa sólo tenía dos trabajadores en la empresa y parecer ser que, en realidad, era para pago de parte de subvenciones anteriores pendientes de pago".

En el auto, la juez argumenta que, tras el atestado de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo, "comienzan a consolidarse las bases de la presente causa", precisando que, del atestado, "la parte verdaderamente novedosa es la referida a la época que se abre en la Consejería tras el cese de Guerrero, al que seguirían Márquez y Rivera".

Así, y respecto a Márquez, hace una "extensión"de su imputación y le atribuye haber "admitido, ordenado y consentido"la continuación del uso del convenio-marco que reguló la concesión de las ayudas, "cuando él, tras los primeros meses de su nombramiento, tuvo importantes dudas sobre la legalidad del procedimiento", de forma que "dio continuidad al instrumento que había permitido la adjudicación irregular de las ayudas que él fue constatando, pese a conocer la inclusión de intrusos".

"Pese a todo ello, mantuvo de un lado una conducta omisiva, pues ni ordenó el reintegro de las cantidades percibidas ilícitamente ni evitó el cobro de tales sumas en las pólizas de rentas colectivas", mientras que, "por otro lado, tendría una activa participación en la inclusión de nuevos intrusos como los de Calderinox y dando cobertura de legalidad a las ayudas dadas por Guerrero con total ausencia de procedimiento, como ocurrió en Río Grande y Surcolor".

Por todo ello, concluye que "era finalmente y de manera indiciaria pleno conocedor de que en materia de ayudas sociolaborales y directas se estaba incumpliendo la normativa comunitaria".

Respecto a Rivera, la magistrada dice que, "pese al conocimiento que tendría"por las explicaciones que le proporcionó Rofa acerca "de las irregularidades derivadas de la aplicación del procedimiento específico, utilizó el mismo procedimiento de concesión de ayudas públicas a través de transferencias de financiación cuyo pago era materializado por esta vía por IDEA, si bien mediante un nuevo diseño jurídico".

Así, cita la orden "dictada el 27 de abril de 2010 por el consejero de Empleo, Manuel Recio", con la que "se seguía con la misma ausencia en el trámite de concesión, la fiscalización previa del gasto y por supuesto el control del destino de las ayudas, además de la omisión del resto de los requisitos del exigente sistema de subvenciones", y añade que, además, esta orden "no había pasado el filtro de la autorización del Consejo de Gobierno".

"Además de lo anterior y con carácter no menos relevante", Rivera "acordó con el Consorcio de Compensación de Seguros, conociendo indiciariamente la existencia de intrusos de determinadas pólizas de Fortia y tras la quiebra de dicha aseguradora, pagar la deuda de varias pólizas investigadas"por la Dirección General de Trabajo, "comprometiendo el uso de fondos públicos para el pago de las ayudas ilegítimas".

A ello se une que, "como ocurriera con Márquez, dio continuidad a las actuaciones presuntamente irregulares de Guerrero", añade la juez Alaya, que concluye diciendo que "todo lo anterior se expone sin perjuicio de que puedan estimarse de modo indiciario responsabilidades de otros cargos de la Consejería de Empleo, de la Consejería de Innovación o de IDEA conforme se vaya examinando mayor documentación".

En el auto la magistrada también hace alusión al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado en esta causa y al que atribuye ahora una "activa participación"en la inclusión en Intersur de tres intrusos, como son Ricardo Medina Barrios, "vecino de Camas, localidad en la que Rivas fue alcalde durante años", José Antonio García Prieto, "concejal del PSOE en el Ayuntamiento", y José Acevedo López, "familiar de Rivas".

Respecto a María José Rofa, "mano derecha"de Márquez, le imputa que, "a pesar de sus intentos ante"el propio Márquez "para que se produjera un cambio en el procedimiento a seguir ante las dudas sobre la legalidad"del mismo, "terminó trabajando con las mismas herramientas, aunque fuera por indicación de sus superiores, pero teniendo ella conocimiento de la pregunta ilegalidad que todo ello suponía".

En el mismo auto, la juez requiere a la Junta para que identifique al autor del informe del gabinete del consejero de Empleo "realizado a su vez sobre el informe jurídico elaborado por Garrigues"en torno a la "viabilidad"de las ayudas concedidas siendo Antonio Fernández responsable del departamento, mientras que también requiere a la Junta para que, "de manera urgente", aporte un listado de los expedientes de reintegro de las ayudas sociolaborales o directas concedidas, indicando la fecha de inicio de los mismos.

En este punto, reprocha a la Junta que, a pesar de la reciente documentación aportada en relación al expediente de 'Hijos de Andrés Molina', éste está "todavía incompleto", por lo que le reclama que, "sin más dilación o expedientes parciales, aporte el contenido íntegro"del mismo.