El PP ve tras la detención de Ripoll una operación política de Rubalcaba

La dirección nacional del PP calificó hoy de "detención política" la operación llevada a cabo el martes contra el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y cuestionó la legalidad de la misma por carecer de orden judicial e incluir "mentiras de la Policía".

El PP cuestiona la legalidad de la operación contra Ripoll y pide explicaciones a Rubalcaba
El PP cuestiona la legalidad de la operación contra Ripoll y pide explicaciones a Rubalcaba

El PP saltó ayer a morder directamente a la yugular del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por la operación de la Policía por la que se detuvo, en el marco del «caso Brugal», al presidente de la Diputación de Alicante, el popular José Joaquín Ripoll, a tres concejales de ese partido en Orihuela, y a otras siete personas más. Todos fueron puestos en libertad sin cargos, después de unas «detenciones técnicas», subrayan en Génova.Para la dirección nacional del PP se trata de una acción «propagandística y política» del Ministerio del Interior, un «montaje» que forma parte de la estrategia del PSOE de «enlodarle» para distorsionar el Debate del Estado de la Nación de la próxima semana. Amparándose en una oportuna nota del Tribunal Superior de Justicia valenciano emitida a primera hora de la mañana, en la citación de la Policía y en la nota de prensa facilitada también el martes por la Policía, el PP sostuvo que ésta «mintió» tres veces: no hubo orden de detención, no se incautó de dinero en efectivo en el domicilio de Ripoll –éste ha dicho que no había–, y tampoco había ninguna persona citada. «La orden de detener a Ripoll se tomó en el Ministerio del Interior, así como la forma cinematográfica en la que se produjo», afirmó el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons. También argumentó que no se daban ninguno de los casos en los que la Policía puede practicar una detención; que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las detenciones se tienen que producir de la manera que menos perjudiquen la reputación del detenido; y que hasta el registro en el Ayuntamiento de Orihuela era innecesario, porque toda la documentación se podía haber solicitado por oficio y la habrían recibido igual ya que los consistorios están obligados a atender los requerimientos policiales y judiciales. Rajoy no se pronunció y habrá que ver si hoy lo hace tras reunirse con el peneuvista Íñigo Urkullu. Ayer Génova sólo preveía una cobertura gráfica. Sin noticias del ministro de Interior«Rien de rien». Así contestaban ayer en Génova a la pregunta de si Mariano Rajoy había recibido alguna llamada del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en relación a la última operación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el llamado «caso Brugal» y por la que se detuvo a 11 personas, entre ellas al presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a tres concejales de ese partido en Orihuela. Si es cierto que Rajoy estaba al tanto de que algo se movía y de que se preparaba una operación policial contra su partido, pero no directamente por Interior, sino por informaciones que le llegaron a través de un alto cargo en la organización regional valenciana.