Confianza en las instituciones

La renovación de cargos en varios organismos y tribunales, pactada por PP y PSOE la semana pasada, es un paso muy importante para recobrar la normalidad institucional. Sobre todo en el caso del Tribunal Constitucional, que aguardaba desde hace demasiado tiempo el relevo de varios magistrados cuyo mandato había expirado con creces. En un ejercicio de responsabilidad y de sentido de Estado, Rajoy y Rubalcaba han puesto fin a un periodo de provisionalidad que lastraba el normal funcionamiento de alto tribunal y erosionaba su credibilidad ante los ciudadanos. La elección de los cuatro nuevos magistrados ha sido muy atinada y atendiéndose a los criterios de competencia profesional y de calidad jurídica, como así exige la norma constitucional. Especular interesadamente con las biografías de los elegidos o sobredimensionar algunos de sus aspectos no deja de ser un ejercicio inútil de melancolía. Todos los magistrados, los de ahora y los de antes, son hijos de su tiempo y defienden los valores que consideran más beneficiosos para la sociedad, pero de ahí a deducir que su función de juzgar estará mediatizada por el sectarismo o los intereses partidistas es un un juicio temerario o de mala fe. Tanto Andrés Ollero y Juan José González Rivas (propuestos por el PP) como Fernando Valdés y Encarnación Roca (propuestos por el PSOE) reúnen méritos suficientes para desempeñar su alta misión constitucional. Otro asunto será si conviene revisar el funcionamiento del Tribunal Constitucional para dotarlo de mayor independencia, pero mientras tanto la obligación de los partidos políticos es fortalecer la confianza en esta institución cumpliendo escrupulosamente con sus estatutos. Lo mismo cabe decir con el resto de las instituciones que han sido renovadas, desde el Defensor del Pueblo, para la que acertadamente se ha consensuado el nombre de Soledad Becerril, como de la Junta Electoral Central y el Tribunal de Cuentas. Sobre este último recae una misión de máxima importancia, la de controlar y sancionar el uso de las finanzas públicas desde el rigor y la independencia. Una de las causas principales del desbarajuste financiero que ha dado lugar a la crisis económica ha sido, precisamente, la negligencia de los organismos de fiscalización y vigilancia, que no cumplieron escrupulosamente con su función. La arquitectura del edificio democrático sólo se mantiene incólume cuando sus instituciones desempeñan con eficacia la tarea que les encomienda la Constitución. Y a ella deben aplicarse con entrega, buen hacer y lealtad los cargos públicos escogidos para ello. Máxime, cuando la nación atraviesa por una etapa de grandes sacrificios económicos y no puede permitirse la malversación de la confianza que los ciudadanos han depositado en sus altos organismos.