La Justicia censura las reformas para salvar el Estatut

Allí, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (TS), el presidente de la institución y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprovechó la presencia de Francisco Caamaño para afear al Ejecutivo su propósito de impulsar cambios legales que avalen los consejos autonómicos de Justicia como remedos del CGPJ y dejen en entredicho el papel del TS como unificador de doctrina.

En un discurso pródigo en agradecimientos y saludos, Dívar fue claro y directo: la reforma de la ley para «salvar» la sentencia del Estatut en esta materia no puede afectar lo más mínimo al papel del Supremo y a las competencias del órgano de gobierno de los jueces. La mayoría de las asociaciones de magistrados y fiscales, tal como ayer publicaba LA RAZÓN, se expresaron en esa misma línea.

Así, en relación con el Supremo, Dívar destacó que constituye la garantía del «principio de unidad del derecho, con fuerza legitimadora de todo el sistema judicial», aspecto relevante reconocido por el propio Tribunal Constitucional en su fallo al recurso del PP contra el Estatut.

En esa sentencia, destacó al respecto en su discurso, el TC reconocía que la competencia para unificar doctrina está «reservada sólo al Tribunal Supremo, sea cual sea el modo en que el legislador articule procesalmente su realización».

Era el primer «dardo envenenado» a una reforma que, de seguir adelante, contará con una oposición notable en el mundo judicial. Y es que, el Supremo, desde ese papel de unificación del Derecho, contribuye de forma notable «a reforzar la confianza ciudadana en el conjunto de la Justicia».

Único órgano de gobierno
Pero faltaba todavía el segundo, el relativo a la posibilidad de que los consejos de justicia autonómicos asuman determinadas competencias que actualmente están en manos del CGPJ. También hacía ver Carlos Dívar que el TC en esa sentencia ya dejaba igualmente claro que no se puede tocar la esencia de esa institución: «Reconoce –la citada resolución judicial– al Consejo General del Poder Judicial como único órgano de gobierno de los jueces y magistrados. De acuerdo, pues, con la Constitución, ningún órgano, salvo el CGPJ, puede ejercer la función de gobiernos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial».

Dívar también salió en defensa del TS frente a las críticas cosechadas por sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón (aunque sin referirse a esta cuestión expresamente). Así, censuró las opiniones que «a veces trascienden el ejercicio del derecho a las crítica» para cuestionar, «desde bases jurídico-políticas no siempre sólidas, la legitimidad democrática de nuestro modelo de juez».


La corrupción no se vincula a un partido
- La corrupción, insistió el fiscal general ante las críticas de parcialidad del PP (al que no citó expresamente), «no se vincula a una u otra formación política o corriente ideológica».
- Conde-Pumpido la definió como el «abordaje ególatra y lucrativo del poder» por parte de personas «que sólo militan en su propio afán depredatorio».