1800 euros para las mujeres vejadas durante la Guerra Civil y el franquismo

Las mujeres que prueben que fueron vejadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista tendrán derecho a una indemnización de 1.800 euros, a tenor del decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. El objetivo de la Junta, según el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, es resarcir la «deuda moral» con este colectivo, que sufrió acciones como el rapado, la ingesta de aceite de ricino o alguna otra forma de escarnio público. El periodo comprendido abarca entre 1936 y 1950, considerado el de mayor incidencia de este tipo de represión. Esto abre la posibilidad de que una mujer vejada por el bando republicano, como sería el caso de múltiples religiosas, pudieran también reclamar este derecho. Sin embargo, el departamento de Gobernación y Justicia trabaja con otra hoja de ruta. Entienden que estas represiones fueron practicamente exclusivas del bando nacional. En todo caso, se remiten a lo que determine la comisión de evaluación, que estará compuesta por el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo –ex director de gabinete del ex presidente Manuel Chaves–, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.

Los afectados tendrán un plazo de tres meses a partir de la publicación del decreto en el BOJA para presentar su solicitud. Pueden hacerlo a través de los registros de la Consejería de Gobernación y de las delegaciones del Gobierno de la Junta, así como de forma telemática en el portal www.juntadeandalucia.es. La Administración deberá resolver y notificar la solicitud en un plazo máximo de tres meses. Se puede presentar cualquier prueba admitida en derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas.

La Junta de Andalucía no tiene un presupuesto asignado a la iniciativa ni un tope de gasto. Dependerá del número de solicitudes. Igual ocurrió con las indemnizaciones que se iniciaron en 2001 a las víctimas de confinamientos en campos de concentración. Desde la aprobación del primer decreto hace ya casi una década, la Administración ha indemnizado a 2.480 personas represaliadas, con un importe global de 9,5 millones de euros.