Imprescindible transparencia por Carmen Gurruchaga

La imagen que los ciudadanos tienen de los políticos es francamente mala y, probablemente, en muchos casos resultará injusta la apreciación, pero ya se sabe que cuando se generaliza se comenten injusticias. El Gobierno es consciente de esta realidad porque hace meses abrió un procedimiento de consulta pública para que cualquier ciudadano consultara el borrador del anteproyecto de la Ley de Transparencia y aportara sus ideas. Tras atenderlas, el proyecto de ley se ha tenido que endurecer con respecto al anteproyecto. Así pues, cuando se apruebe al final del trámite parlamentario, se modificará el Código Penal y los españoles se sentirán satisfechos si el alto cargo que falsee cuentas o despilfarre ve castigada su conducta penalmente. Es decir, sobre el papel se va a acabar la impunidad para quien derroche dinero público, lo malverse o falsee la contabilidad, porque los ciudadanos tendrán acceso a todos los contratos de la Administración. Hasta aquí una idea plausible, pero el problema llegará a la hora de aplicar la nueva Ley por la interpretación que el juzgador pueda hacer de la conducta, la dilación en los procedimientos o la ocultación y manipulación de pruebas. Para el funcionamiento de la Ley de Transparencia se va a crear una oficina con un responsable, su secretaria, su conductor, su coche...; es decir, un nuevo chiringuito que, a lo mejor, podría cubrirse con algún funcionario de alto nivel sin destino concreto porque su función la cubre un cargo de confianza. Por poner un ejemplo, ¿será delito el derroche en el descontrol de coches oficiales, de empresas públicas, de dietas de los parlamentarios que en realidad no viven fuera del lugar en el que se celebran los plenos, etcétera?