Pinturas negras

Podría haber sido algo anecdótico, pero la relevancia del protagonista y que haya coincidido con otros hechos no muy felices hace que estemos ante algo más que una anécdota. En los ministerios hay retratos de los que han sido sus titulares, y el ex ministro socialista Juan Fernando López Aguilar ya tiene el suyo. Pero no es un retrato más, al uso: es un autorretrato. Su autor viste toga judicial y luce la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Es la máxima condecoración en la Justicia y el autorretratista no ha tenido mejor ocurrencia que pintar en sus eslabones el anagrama del PSOE: el puño y la rosa.

Todas las asociaciones judiciales han criticado la ocurrencia: «Es un grave error» (APM); «el símbolo del puño y la rosa está fuera de lugar. Es un acto de mal gusto» (Asociación «Francisco de Vitoria»). Más crítica fue Jueces para la Democracia: la «genialidad de López Aguilar parece más propia de un político de una república que de un ex ministro, eurodiputado y catedrático de Derecho Constitucional», y concluyen: «Debería tener más cuidado con este tipo de extravagancias, que sólo le perjudican en un ámbito tan solemne como es el de la Justicia».

Supongo que en los pasillos del Ministerio de Justicia aún cuelgan los retratos de los ministros del Franquismo. Lo fueron en un momento de partido único; algunos eran falangistas, pero no recuerdo haber visto que en esos retratos luciesen camisa azul, ni el yugo y las flechas. ¿Qué estará pasando para que un político, en un régimen democrático, vea natural y «simpático» sustituir los símbolos del Estado por los del partido? Y no hablamos del ex ministro de Agricultura, sino del de Justicia.

A las pocas semanas de esa, en principio, anécdota, se conocieron las «actas» de las negociaciones del Gobierno y ETA. De su lectura se deduce con toda su crudeza cómo se concibe la Justicia. Me quedo con estas frases: «Los jueces se han convertido en un instrumento del Partido Popular y hacen cosas que en otra situación no harían»; «os quedará la duda, pero el Gobierno ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura. Como ejemplo, el caso de Batasuna. Pero el PP ha encontrado su agarradero entre los jueces y sus víctimas», «el Gobierno ha hecho cambios con intención de blindar el proceso»; «cambios en el Gobierno: Rubalcaba se incorporó a Interior para continuar con una vía que conocía desde su cargo en el Congreso. Y cambio del fiscal jefe de la Audiencia», «la Fiscalía ha tenido una actuación positiva salvo en una ocasión».

Esas frases están ahí y se ponen en boca de unos negociadores relevantes. Uno fue Fiscal General del Estado, es decir, defensor de la legalidad; el otro es ahora Vocal del Consejo General del Poder Judicial, es decir, gobierna la Justicia desde un órgano constitucional creado para defender la independencia judicial.

Algunas asociaciones judiciales –Jueces para la Democracia y «Francisco de Vitoria»– ni han valorado que se presentase a los jueces como un obstáculo, ni cuestionan que uno de los negociadores ocupe un cargo pensado para defender la independencia judicial. Sólo la APM ha dudado de su idoneidad, y es que a los jueces no nos debería resultar indiferente quién gobierna la Justicia y por tanto a nosotros. El mismo rechazo le han suscitado esas «actas» a la Asociación de Fiscales al saberse que los negociadores presentaron a la banda, como señal de ir en serio, los cambios que hizo el Gobierno en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y que esa Fiscalía renovada sí que era fiable.

No voy ahora a elucubrar sobre cómo compatibilizar el Estado de Derecho con lo que supone meterse a negociar con ETA. Lo grave es que esas «actas» muestran cierta querencia por los atajos frente a ETA. En su día fue la guerra sucia, pura y dura; ahora se abogaría por involucrar a la Justicia, para lo que se echa en falta a jueces receptivos que le hagan al legislador –léase poder político– un trabajo que no quiere asumir, ni ahora ni antes. Ahora para que miren a otro lado, pero en otros tiempos hicieron interpretaciones de la ley que permitieron retrasar la libertad de terroristas que habían cumplido sus condenas.

Pero hay más. Estos días, el Consejo General del Poder Judicial informó de la ley que creará los Tribunales de Instancia, lo que puede diluir la figura del juez unipersonal con riesgo de llevar al Poder Judicial la lógica de unas fiscalías jerarquizadas, dirigidas por un jefe de confianza política. Si a esto se le añade el propósito de atribuir al fiscal la investigación judicial más el monopolio de la acción penal y se le suma el episodio de las «actas», se entenderá que el autorretrato de López Aguilar es algo más que una anécdota, es más que un autorretrato al óleo. Es un aguafuerte, una pintura negra; y más que un retrato es la alegoría de un sistema que si se mantiene es gracias a que hay jueces ejemplares.