El PP desliza una baraja de nuevos usos irregulares del «fondo de reptiles»

La formación que lidera Javier Arenas en Andalucía, a través de distintos dirigentes, lleva varios días deslizando una serie de nuevos usos fraudulentos de la polémica partida 31.L, de la que partió el dinero para expedientes laborales y ayudas a empresas en crisis y que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero etiquetó ante la Policía Judicial como «fondo de reptiles». De este fondo, que rondó los 700 millones de euros entre 2001 y 2010, la década en la que se centra la investigación judicial, partió opacamente el dinero para las prejubilaciones fraudulentas –72 intrusos y 111 irregularidades administrativas–, para ayuntamientos socialistas y para usos tan variopintos como una residencia de ancianos o el monolito que adorna alguna plaza de pueblo.

Según la ráfaga de insinuaciones –más o menos veladas– que vertió el miércoles y ayer el PP en el Parlamento, la lista sería aún más amplia. Javier Arenas, en su interpelación al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, le preguntó si la partida 31.L se destinó a créditos a empresas que luego fueron condonados, al pago de campañas publicitarias, a ayudas para «comprar» medios de comunicación o incluso al rescate de la autopista de peaje Sevilla-Jerez. El caso de la AP-4 fue el único realmente novedoso que introdujo el dirigente popular. Los anteriores ya los mencionó el día anterior el secretario general del PP-A, Antonio Sanz. Sobre ninguno de ellos recogió el guante José Antonio Griñán. Pasó de largo. Sin embargo, tras la intervención parlamentaria del presidente andaluz, la Junta se apresuró a aclarar a través de las agencias que, con cargo a la polémica partida de ayudas sociolaborales no se ha pagado «ni un euro» del rescate del peaje en la autopista AP-4, con lo que calificó de «falsa» la acusación de Arenas.

Sí puntualizó el Gobierno andaluz, según recoge Ep, que la «confusión» del PP puede venir del hecho de que cinco trabajadores de la empresa Aumar –la concesionaria de la gestión del peaje– se acogieran a prejubilaciones cuando se produjo el rescate del tramo del peaje entre Jerez y Cádiz, lo que «en absoluto significa» que de la partida 31L «fuera dinero directo a pagar el rescate del peaje en la autopista». En este duelo con florete que dibuja en el aire el PP, el parlamentario Salvador Fuentes también señaló que Empleo otorgó ayudas para empresas en crisis que obtuvieron un balance positivo en sus cuentas de resultado. «No me obligue a que le lea la lista empresa por empresa. Usted sabe igual que yo cuáles son», le dijo al consejero del ramo el parlamentario del PP-A, a lo que Recio respondió con dos recomendaciones: que le diera la lista y que se fuera al juzgado si veía alguna ilegalidad.

Por otra parte, Recio aseguró que la participación del parlamentario socialista Ramón Díaz –sobre el que Anticorrupción ha pedido información al ser acusado de meter a dos intrusos en el ERE de Saldauto– se limitó a tareas de «asesoramiento y asistencia técnica», aunque en el sumario del caso queda probado que medió de forma activa en varios expedientes laborales, como Saldauto y Fertiberia.

Anticorrupción y la Junta, unidos en las críticas a Alaya por el contencioso de las actas
La Junta de Andalucía acusó ayer a la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, de causarle «indefensión» debido a su decisión de dejar en suspenso el conflicto de jurisdicción planteado por la Administración regional ante el Tribunal Supremo, dado que la Junta se negó a la entrega de las actas de los consejos de gobierno de los últimos diez años. Las críticas llegan después de que la Fiscalía Anticorrupción haya reprendido a la magistrada al entender que Alaya «carece de competencia para pronunciarse» cuando frenó el proceso, ya que –según los argumentos de la juez en un auto–se podían dar «tramitaciones paralelas y pronunciamientos inútiles y contradictorios». El objetivo era esperar hasta que se resolvieran los recursos que estaban interpuestos, como el del Sindicato Manos Limpias.

Tanto la Junta, que cree que la decisión es una medida «sin amparo legal», como Anticorrupción, han recurrido ante la Audiencia de Sevilla la decisión de la juez y han pedido que el proceso sea tramitado de inmediato ante el Tribunal Supremo. Según el letrado de la Junta, Ignacio Carrasco, la suspensión no está amparada por ninguna ley y, al contrario, está prohibida, atendiendo a la naturaleza y objeto del conflicto de jurisdicción. Además, añade que no existe ninguna legislación por la que se pueda suspender un conflicto «de forma unilateral por una de las partes contendientes, en este caso el órgano judicial», medida que equivale a «desnaturalizar» estos procesos. Con anterioridad, la Junta recurrió la exigencia de entregar las 480 actas del Consejo de Gobierno amparándose en el carácter secreto de las deliberaciones. Alaya busca un posible delito de prevaricación de la Junta y las actas son un elemento clave.