Andalucía

Los autónomos deben pagar hoy 250 millones de IVA que no han cobrado

Los autónomos deben pagar hoy 250 millones de IVA que no han cobrado
Los autónomos deben pagar hoy 250 millones de IVA que no han cobradolarazon

MADRID- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se comprometió el pasado jueves con los autónomos y con las pequeñas y medianas empresas (pymes) a que puedan pagar el IVA con criterios de caja, y no una vez devengado, como sucede ahora, lo que significa aproximar la exigencia del pago de este impuesto al momento del cobro de las facturas correspondientes. Ésta es una de las viejas reivindicaciones de los autónomos y pequeños empresarios, que, como ordena la legislación española, están obligados a pagar el IVA una vez emitida la factura aunque no haya sido cobrado. Estos pagos a Hacienda se hacen trimestralmente y, precisamente hoy, lunes 30 de enero, los autónomos tendrán que adelantar 250 millones de euros a la Administración por IVA facturado y no cobrado, según aseguran fuentes de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos).

Con la medida anunciada por Montoro se pretende incidir especialmente en el pago de las administraciones públicas a sus proveedores. Y es que la deuda del Estado, comunidades, ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas con los autónomos crece y crece. En noviembre volvió a marcar otro récord histórico, al alcanzar los 15.229 millones de euros (1,6% más que en el trimestre anterior). Otro dato escalofriante es que nueve de cada diez administraciones públicas incumplen la Ley de Morosidad.

Ley de Morosidad
Esta norma establece que el pago de las facturas debería hacerse en 50 días en 2011, y actualmente la media en el pago está en 159 días, el doble que la media europea, que se sitúa en 82 días. Sólo la Adminitración italiana, con un plazo de pago de 188 días, y la griega (175 días) superan el caso español. En el extremo opuesto se encuentran Finlandia, con 25 días, y Alemania y Suecia, ambas con una medida de 36 días.

Los más incumplidores en sus pagos son los ayuntamientos. Éstos tardan 147 días en abonar las facturas a sus proveedores. Les siguen las comunidades (142 días) y el Estado (87 días). Sólo el 12% de los autónomos tarda menos de 90 días en cobrar las facturas emitidas al sector público, mientras que el 51,2% lo hace más de seis meses después. Para el 23,4%, la espera supera el año.

Todos estos datos señalan que las administraciones públicas siguen siendo el principal foco de destrucción de empresas, autónomos y empleo. Tanto es así que los cuatro millones de facturas emitidas por autónomos a las administraciones públicas y pendientes aún de cobro han supuesto el cierre de más de 300.000 autónomos y la destrucción de 750.000 empleos, apuntan fuentes del sector.

El sector privado adeuda a los autónomos unos 16.700 millones de euros, pero el periodo medio de pago (103 días) se sitúa por debajo del plazo medio del sector público (159 días) y se ha reducido ligeramente con respecto al trimestre anterior (105 días). Cuatro comunidades concentran más de la mitad de la deuda global. Estas son: Cataluña (2.708 millones), Andalucía (2.489 millones de euros), Comunidad Valenciana (1.729 millones) y Madrid (1.615 millones). Por el contrario, las que menos deben a los autónomos son La Rioja (69 millones), Navarra (159 millones) y Cantabria (187 millones).

Es importante destacar que el mayor porcentaje de deuda con las administraciones se concentra en las comunidades con mayor porcentaje de autónomos. Aunque también existen las comunidades cumplidoras. Las seis en las que descendió la deuda en el último trimestre fueron Cantabria (6,7%); La Rioja (5,1%), Madrid (4,2%); Extremadura (3,1%), País Vasco (1,3%) y Navarra (0,6%). En el resto aumentó la deuda. Asturias (6,9%), Aragón (5,5%), Andalucía (5%); Canarias (4,7%), Murcia (4,5%); Castilla y León (3,9%), Valencia (2,5%), Baleares (2,2%) y Castilla-La Mancha (2,1%).

 

Pendientes de la Comisión Europea
La Directiva Europea contra la morosidad establece que en 2012 el plazo de pago de las administraciones públicas debería situarse en 40 días, y 30 días en 2013. Con los registros actuales es prácticamente imposible que España cumpla este objetivo y desde la Vicepresidencia de la Comisión ya se ha avisado de que habrá sanciones para los incumplidores.