Bildu y la anomalía del TC

Basta con observar las reacciones de los proetarras de Bildu y las de las víctimas del terrorismo y las de los españoles de bien para hacer un juicio exacto de lo que ha supuesto el fallo del Tribunal Constitucional que dio luz verde a las candidaturas de la franquicia de Batasuna. Unos, entonando el «Eusko gudariak» con el puño en alto; los otros, con desolación, rabia y lágrimas. El escenario ha cambiado. Nunca el voto de seis personas pudo perjudicar tanto. Se hace patente que, en la lucha contra ETA, la banda va ahora por delante y que el Estado de Derecho presenta un rictus de derrota, de frustración e impotencia en unos momentos en los que los terroristas se encontraban más cerca que nunca de su fin. Los duros reproches de las víctimas son comprensibles en un colectivo ejemplar que sufre como ningún otro estos reveses. Los magistrados que enmendaron la plana al Tribunal Supremo para devolver al brazo político de ETA a las instituciones han causado un terrible daño a la convivencia en defensa de no sabemos qué intereses, que, desde luego, no han sido los de la Justicia ni la Constitución. Habrá tiempo para analizar los fundamentos de la resolución de los seis magistrados que avalaron a Bildu, aunque lo evidente es que no sólo han despreciado el cúmulo de pruebas presentadas, incluidas las actas de ETA con las reuniones con EA en las que se establecieron los cimientos de Bildu–así como el trabajo de meses de la Guardia Civil y la Policía– sino que han desautorizado la labor del Supremo en una actuación sin precedentes en las democracias maduras. La colisión institucional entre el máximo órgano jurisdiccional y el garante de los derechos fundamentales proclamados en la Carta Magna no es nueva y obliga a adoptar decisiones políticas. El Tribunal Constitucional es una institución desprestigiada que exige una reforma que acote mucho más sus competencias y lo libere del sometimiento a otros poderes del Estado. Su funcionamiento no se atiene al previsto por el texto constitucional. Es un órgano politizado que se comporta como un tribunal de última instancia que casa los fallos del Supremo, lo que resulta una anomalía democrática agravada por la elección partidista de sus miembros. El PP exigió ayer vigilar a Bildu para evitar, si es posible, que ocupe sus escaños. La Ley de Partidos y la Electoral permiten actuar en cualquier momento, aunque el mal ya está hecho. En todo caso, el Pacto Antiterrorista y el Pacto en el País Vasco deben ser preservados porque nada satisfaría más a los nacionalistas y a los proetarras que el fracaso de la alianza constitucionalista. La inmensa mayoría de españoles se siente humillada y burlada porque confió en que los primeros servidores del Estado de Derecho impedirían que los batasunos se salieran con la suya. No ha sido así, pero no conviene tampoco desandar el camino recorrido de la unidad porque nada satisfaría más a los etarras. Es evidente que con el regreso de ETA a las instituciones se tira por la borda muchos años de combate contra el terrorismo y se da satisfacción a su brazo político. Pero existen leyes e instrumentos para enmendar el error y a ellos hay que recurrir.