Sanz: «Hay toda una red fraudulenta de ERE formación e informes falsos»

El dirigente popular se pronunció en estos términos en relación a la información publicada ayer por LA RAZÓN, que pone de relieve que el ex delegado de Trabajo en Sevilla, Antonio Rivas, imputado en la trama de los ERE, otorgó en 2009 una subvención de 68.472 euros a Surcolor, con cargo al programa 32D de Formación Profesional Ocupacional. En esta misma empresa figura como «intruso» José Antonio Márquez, cuñado de Antonio Rivas.

Sanz recordó que en los ERE de Mercasevilla y de Dhul se mezcla esta triple línea de irregularidades. En este sentido, dos empresas de un cuñado del ex ugetista y «conseguidor» en la trama de los ERE, Juan Lanzas, Maginae Solutions y Siemur, ya salieron al paso en la investigación precisamente por dedicarse a impartir cursos de formación y firmar informes ficticios que justificaban los expedientes de regulación de empleo. Maginae Solutions recibió 123.000 euros por un informe para justificar el expediente laboral de Mercasevilla de 2007 cuando la lonja semipública ya le había pagado 63.800 euros por el mismo concepto a Hermes Consulting, la consultora de Francisco González, el comercial de Vitalia implicado en el escándalo por los delitos de cohecho y estafa.

Por otra parte, PP y PSOE se enzarzan después de que el Tribunal de Cuentas admitiera a trámite el sábado una denuncia de los populares en relación a la trama de los ERE. Sanz respondió a la consejera de Presidencia, Mar Moreno, quien aseguró el domingo que de la demanda del PP ante este órgano «sólo se puede desprender un cierto desprecio a las instituciones andaluzas o una desconfianza a la Cámara de Cuentas». El «número dos» del PP andaluz instó a la titular de Presidencia a que cese en su «ejercicio de frivolidad» y recordó varias cosas. La primera, que «el Tribunal de Cuentas es el único camino al margen de la jurisdicción ordinaria que tiene cualquier cargo público si tiene constancia de que se está produciendo un ilícito penal» que pueda suponer menoscabo de fondos públicos. Segundo, que este órgano es el que tiene la «competencia exclusiva en jurisdicción contable».

Y tercero, que la Cámara de Cuentas «sólo tiene competencias fiscalizadoras». Así las cosas, Sanz reprochó al PSOE que se haya negado reiteradamente a que la Cámara de Cuentas fiscalizara el IFA y la Agencia IDEA, los dos órganos a través de los cuales se vehicularon opacamente casi 700 millones de euros entre 2001 y 2010 para expedientes de regulación de empleo y ayudas a empresas en crisis. Hasta cinco veces contabilizó ayer Sanz en las que el Grupo Socialista votó en contra en el Parlamento –la primera en el año 2000–, además de impedir también la fiscalización en la Cámara de Cuentas. Sí se felicitó de que «hace siete días» este órgano «se ha puesto las pilas» y ha creado un grupo de trabajo» en relación a los ERE, aunque se preguntó si no es un «poco tarde». El Parlamento aprobó por unanimidad a principios de abril la fiscalización de los ERE. La Cámara de Cuentas emitió ayer un comunicado recordando que el pleno acordó el 22 de junio iniciar el procedimiento de fiscalización.

Un centenar de varapalos en función pública
La batalla judicial en torno a la administración pública se inclina claramente a favor de los funcionarios y en contra de la Junta de Andalucía. Y no sólo por la polémica reordenación del sector público, convertida ahora ya en ley, sino por muchas otras medidas, como la contratación de personal externo, la falta de negociación con los sindicatos o la cascada de encomiendas de gestión, terrenos en los que los tribunales han puesto muros de contención e infligido serios correctivos al Gobierno andaluz.

El PP cuenta casi un centenar de varapalos en materia de función pública en los últimos cinco años. «La Junta no puede estar todos los días cometiendo irregularidades», deslizó el secretario general del PP-A, Antonio Sanz. El sindicato más activo en esta lucha judicial ha sido el de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja). Fue el que interpuso, entre otras muchas, la demanda que dio lugar a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 6 de junio que declara no ajustada a derecho la modificación de los estatutos del Ifapa.

El TSJA también tumbó el 25 de febrero el Estatuto de la Agencia Tributaria, declarándolo «nulo de pleno derecho». El PP va a pedir una comparecencia del Ejecutivo para exigir un «cambio radical», con el objetivo de que «los principales actores de la función pública sean los funcionarios». Sanz también denunció que a través de la fundación Faffe se está «bordeando la legalidad» y aumentando el personal por la puerta de atrás. El propio consejero de Empleo, Manuel Recio, tiene en su departamento a dos personas contratadas por esta fundación.