Las dudas sobre la oferta a Garzón

MADRID- ¿Puede estar un juez suspendido y, a la vez, en una situación de servicios especiales, tal como ha solicitado el juez Baltasar Garzón para trabajar como «consultor» externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)?. Esa es una de las interrogantes que se cierne sobre el futuro más inmediato del magistrado. No parece una cuestión baladí ni tener una respuesta sencilla. Tampoco las opiniones son unánimes al respecto. Hay quien defiende que ni es posible ni siquiera conveniente, mientras que otros no tienen dudas de todo lo contrario, de que la suspensión provisional no puede tener otros efectos que el apartamiento provisional de la actividad judicial. En el Consejo General del Poder Judicial existen esas mismas opiniones discrepantes sobre el fondo de la cuestión.La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) determina las situaciones en que pueden encontrarse los jueces y magistrados: servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria y suspensión de funciones. Pero no dice nada respecto a si estar en el ejercicio de una ellas impide que lo pueda estar en otra. Y es aquí donde entran las interpretaciones jurídicas sobre la «oferta» del fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo.«La invitación o contrato nos ofrece severísimas dudas legales de que sea un supuesto de los contemplados por la Ley Orgánica del Poder Judicial y que requiere la previa autorización del Consejo». Quien así se expresa es el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García. Por ello, sostiene que un magistrado «no puede estar simultáneamente en dos sistemas administrativos distintos, en este caso, en servicios especiales y suspensión de funciones, porque son situaciones administrativas no compatibles ni simultaneables».Pero la APM va más allá de esa posible incompatibilidad y entra en el fondo de la cuestión. Y para esta asociación, el Consejo debería pensarse muy mucho conceder la autorización necesaria para que Garzón pueda ir destinado al Tribunal de la Haya. «No me parece lo más razonable que lo autorizara, porque cuando un magistrado español actúa en tribunales de ese tipo, de alguna manera no representa ya sólo al Poder Judicial del que forma parte, sino del Estado español. Y si eso es así, a un magistrado con tres causas penales abiertas, no parece lo más razonable esa autorización, y ello respetando siempre y en todo momento que está amparado por la presunción de inocencia».

«Solución ad hoc»La conclusión a la que llega también es clara: «Parece que se está buscando una solución ad hoc», es decir, propia para Baltasar Garzón, porque si se tratase de cualquier otro juez, «sin esa relevancia pública», no habría tanta polémica. En todo caso, deja claro que la APM «respetará, como no puede ser de otra forma, la decisión que decida finalmente el Consejo, y esperamos una resolución fundamentada en lo jurídico y que se adopte por razones exclusivamente jurídicas».Una opinión que expresa el sentir de quienes defienden la postura radicalmente distinta es la expresada por el ex vocal de la Comisión Disciplinaria y actual magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias Agustín Azparren. El ex consejero parte de la premisa de la presunción de la que goza Garzón, «por lo que la suspensión de funciones es excepcional y no puede tener más efecto que la suspensión de empleo y sueldo».Para ello, esgrime el artículo 369 de la LOPJ, donde se especifica que el cambio de la situación administrativa de los jueces «podrá tener lugar siempre que se reúnan los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad de reingreso al servicio activo».Por tanto, para Azparren sólo hay un requisito que debe incidir en la decisión del Consejo: la declaración de interés por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con este plácet, Garzón no debería tener el más mínimo problema para sacar su billete con destino a La Haya. Cuestión distinta es si a un tribunal internacional «le interesa o no tener a un juez suspendido», pero esa es una materia que queda al margen del debate.¿Y qué decisión adoptará el Consejo? Va a depender muy mucho del contenido de los informes recabados por su Comisión Permanente, en especial si la oferta de trabajo la CPI «lleva implícito algún género de inmunidad procesal», de la respuesta del Tribunal Supremo sobre si la situación de servicios especiales puede afectar «al curso de las actuaciones» en las que se halla inmerso Garzón –las tres querellas a las que debe hacer frente– y el dictamen de la Secretaría General del propio Consejo sobre la incompatibilidad o no de ambas situaciones administrativas. El visto bueno del Gobierno se da por hecho.Inmunidad y respetoEn todo caso, las fuentes consultadas vienen a coincidir que con todos los informes unánimes de respaldo se le concederá a Garzón su petición, siempre que su nuevo destino no conlleve ningún tipo de inmunidad penal. En ese caso, la decisión puede ser bien distinto.Y mientras tanto, PSOE, IU y asociaciones próximas salían en tromba a defender al juez suspendido y a criticar al Consejo. La respuesta no podía ser otra: «Lo que se ha hecho no es más que ejecutar las consecuencias jurídicas del auto de apertura de juicio oral. Era algo automático», señalaron fuentes del Consejo consultadas por LA RAZÓN. Por ello, reclaman respeto para un «órgano constitucional que no ha hecho más que cumplir con su deber».

El PSOE habla de «golpe a la democracia»A Garzón se le ha abierto juicio oral por prevaricación. Su causa judicial no tiene nada que ver con el hecho de que investigue el franquismo sino con si era competente para ello. No lo era y aún sabiéndolo lo hizo. Por eso se le juzga. Pero a la izquierda no parece importarle la causa real de su suspensión y salió ayer en tromba a defender al juez «estrella», en algunos casos, con cajas destempladas. Desde un ministro como José Blanco, que habló de «acoso y derribo» a Garzón y lo vinculó con el «caso Gürtel», hasta CC OO, que no dudó, al igual que Tomás Gómez, secretario general del PSOE de Madrid, en calificar esta situación de «golpe a la democracia», la cascada de valoraciones y ataques al Poder Judicial no paró en el día de ayer. Leire Pajín, «número tres» del PSOE, mostró el «cariño y reconocimiento» de los socialistas al juez y añadió el «profundo respeto» de su partido por las decisiones judiciales. Su compañera y secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, acusó a la extrema derecha y a los «juristas de Trillo» de la suspensión. En esta misma línea se expresaban el Partido Comunista, Izquierda Unida, Esquerra Republicana y, un paso más allá, la asociación Memoria Histórica de Mallorca, que sin vacilar aseguró que «España no es una democracia plena y que el Poder Judicial sigue siendo heredero del franquismo».