Quién vigila el gasto

Mis amigos de acá están convencidos de que España resulta económicamente inviable por el gasto salvaje que se arroja sobre cada trabajador productivo. Confieso que su actitud me provoca una cierta ternura porque sólo les he dado unas pinceladas de nuestra situación nacional, pero, en fin, los norteamericanos no podrán comprender jamás que de cada diez españoles uno sea funcionario. Les parece una monstruosidad y, sin duda, tienen sus razones para ello. Naturalmente, desean saber cómo hemos llegado a esa situación. «La clave está en el sistema autonómico», les informo inmediatamente: «En la Transición, se decidió buscar un sistema que fuera federal sin serlo del todo y el resultado ha sido un gasto descomunal». «Pero las Comunidades autónomas tendrán un techo de gasto...», apunta uno incrédulo. «Ninguno», respondo, «gastan lo que quieren y luego piden que el conjunto de la nación tape el agujero». «No puede ser», me interrumpe el economista, «eso no sucede en ninguna parte del mundo. Tiene que haber una fiscalización del gasto y un máximo». «Eso sería lo normal», concedo, «pero no existe tal mecanismo. En la práctica, hay CCAA que gastan como si fueran un estado independiente, pero con la diferencia de que les pagan las cuentas todos los españoles y cuando se cuestionan sus gastos ponen el grito en el cielo acusando al gobierno de "centralista"». «Cuesta trabajo creerlo...», me dice escéptico. «Sí, es difícil de aceptar porque es un disparate», reconozco, «pero es la verdad». «Vamos a ver. Cataluña...», me dice. «Cataluña representa el 26,5 % de la deuda de las CCAA y tiene garantizadas las infraestructuras para siete años mientras se paralizan en toda España. Por cierto, no para de protestar», le digo. «¿Es Cataluña el 26,5% de la población española o aporta ese porcentaje al PIB?», indaga. «Su aporte al PIB no llega al 18% y su población anda por la octava parte de la total española», le informo. «¡Dios santo!, pero entonces les está robando a manos llenas», dice alarmado el economista, «¿y los vascos?». «Ésos», le informo, «tienen un acuerdo privilegiado en virtud del cual pagan los impuestos que quieren y los demás cubrimos sus gastos. Su sanidad cuesta a cada español dos mil euros al año». «¡Dios santo!», exclama aterrado el economista, «pero ¿qué dinero le queda al estado para cubrir sus planes si Cataluña les vacía los bolsillos y los vascos no pagan?». «Poquísimo», respondo, «a decir verdad, no tiene ni siquiera para cubrir las necesidades básicas de la nación». «Al menos habrá disminuido el número de funcionarios...», se atreve a adelantar. «No», contesto, «el nombramiento de funcionarios es uno de los mecanismos de clientelismo político que existen para mantener el poder en las CCAA». «Pero... pero si las CCAA gastan y gastan y nadie controla su gasto, en la práctica son entidades independientes, pero que viven del estado contra el que despotrican...», dice con la frente perlada de sudor. «No seré yo quien lo niegue», le respondo viendo que ha captado a la perfección la situación por la que atraviesa España. «Entonces... bueno, no deseo ser alarmista», señala casi desencajado, «pero el día menos pensado ese sistema autonómico les va a precipitar en una suspensión de pagos». Podría decirle que el 7 de mayo ya entramos en bancarrota, pero ¿para qué le voy a dar el día?