Cerco al fraude en los psicotécnicos para conducir

MADRID- La Fiscalía de Seguridad Vial tiene en el punto de mira a los centros de reconocimiento de conductores encargados de certificar que un automovilista reúne los requisitos psicofísicos necesarios para ponerse al volante. «Ha llegado el momento, hay que acabar con la impunidad de los centros ilegales», dijo ayer el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

Se refería a los centros que, aun teniendo licencia para realizar este tipo de revisiones a los conductores, no cuentan con los facultativos necesarios (oftalmólogo y psicólogo), simplemente interrogan al interesado sobre su estado de salud sin contrastarlo, bien realizan alguna exploración o directamente expiden el documento que acredita que reúne las condiciones para conducir, sin más, a cambio de 30 euros (coste medio del certificado).
Incluso, el propio ciudadano a veces participa del «circuito clandestino» y acude a los centros en los que el trámite se resume a pagar sin ninguna exploración.

El fiscal de Seguridad Vial anunció ayer que dará órdenes a la Policía judicial especializada en falsificaciones para que investigue a los centros que expiden estos documentos a los conductores a cambio de dinero sin comprobar que está en condiciones de coger el coche. Además, requerirá a la Dirección General de Tráfico que le remita el resultado de las inspecciones más graves para abrir procedimientos penales que podrían acarrear la suspensión de la actividad durante un año y multas de entre 3.000 y 20.000 euros, además de cárcel de seis meses a tres años.

El fiscal puntualizó que es «una minoría» el número de centros que «deshonran» al sector, aunque alertó de que está «in crescendo», lo que genera competencia desleal con el resto de centros que sí cumplen con todos los trámites necesarios.

El presidente de la Asociación Española de Centros Médicos- Psicotécnicos, José Ignacio Landaluce, explicó que hay 2.000 centros en toda España encargados de certificar las aptitudes del conductor, de los cuales un cinco por ciento estarían actuando ilegalmente. No obstante, no hay datos contrastados sobre esta cuestión porque «hasta ahora la Administración no ha acometido con seriedad» la inspección de estos centros. Landaluce también criticó la normativa vigente en España, que supone una trasposición de la europea y que rebaja las exigencias de agudeza visual para los conductores profesionales. A juicio de la asociación, los nuevos baremos «permiten la conducción con muy poca visión», una cuestión que también han criticado los oftalmólogos.

El fiscal coordinador de Seguridad Vial insistió en que estén en carretera «sólo los que deben estar» ya que considera que hay una «cifra negra» difícil de determinar de personas que se ven implicadas en accidentes de tráfico o delitos como consecuencia de enfermedades impeditivas o con el permiso de conducir renovado sin tener las condiciones mínimas para llevar un coche. En el caso de las enfermedades mentales, Vargas reflexionó sobre la idea de que, aunque los psiquiatras deben mantener el secreto médico, si una patología puede afectar a la conducción y, en consecuencia afectar al resto de ciudadanos, debe comunicarse. «El secreto médico es un deber, pero también hay que tener en cuenta el deber público», puntualizó.

El fiscal sugirió, en estos casos, «que se ponga en conocimiento de los familiares» el riesgo que puede suponer ponerse al volante para una persona con una determinada enfermedad mental. También sugirió «ponerlo en conocimiento de la Administración y de los órganos judiciales para declarar la pérdida de vigencia del carné de conducir».

La Fiscalía también trabaja en otro aspecto novedoso, como es la revisión del baremo de indemnizaciones para las víctimas de accidentes de tráfico. «Es insuficiente y está desfasado», lamentó la fiscal Elena Agüero.

De momento, se ha iniciado un grupo de trabajo con la Dirección General de Seguros para revisar los baremos teniendo en cuenta que ahora las aseguradoras se encuentran en mejor situación por dos circunstancias: ha disminuido la accidentalidad y ha aumentado el parque de automovilistas.

La Fiscalía de Seguridad Vial apostó por compensaciones «a medida» que incorporen rentas vitalicias en el caso de los menores accidentados y de las personas con grandes lesiones para evitar que la indemnización sea dilapidada por un familiar.

Discapacitados visuales
- Los oftalmólogos alertaron ayer del riesgo que supone la aplicación de un nuevo decreto, que entró en vigor el pasado 10 de septiembre, que permite conducir con poca visión. José María Pérez, responsable de Tráfico de la Sociedad Española de Oftalmología, destacó que la nueva normativa permite conducir un autobús escolar si con el ojo más dañado sólo se distinguen las letras más grandes de la consulta de oftalmología. Más de la mitad de los accidentes en los que se ven implicados conductores mayores se relacionan con la visión.