48 detenidos por su implicación en una trama de regularización de ciudadanos cubanos

La pareja cobraba 6.000 euros por un paquete que incluía un matrimonio, una agrupación, la adquisición de la nacionalidad española y un divorcio de mutuo acuerdo, siendo el objetivo de la mayoría de los regularizados llegar a Estados Unidos, vía México, y utilizando la documentación adquirida en España.

En cuanto a los hechos, se remontan a 2010, cuando los investigadores detectaron una "importante"actividad por parte de la citada abogada, especializada en la tramitación de reagrupaciones familiares y de nacionalizaciones de ciudadanos de su país de origen.

Seguidamente, los agentes comprobaron que la abogada y su pareja, un hombre nacionalizado español pero cubano de nacimiento, estaban concertando matrimonios de conveniencia para introducir ilegalmente en España a ciudadanos cubanos o bien para regularizar a residentes ilegales de esta misma nacionalidad.

Posteriormente, estas informaciones fueron comprobadas a través de un estudio pormenorizado de posibles enlaces matrimoniales fraudulentos inscritos en los registros civiles de Gran Canaria, de tal forma que observando la documentación aportada para acreditar estas bodas, se comprobó que la mayoría de los matrimonios celebrados en la isla y tramitados por esta abogada, presentaban "claras irregularidades".

Es entonces, cuando los agentes, teniendo en su poder la información, centran su investigación en las actividades de la abogada cubana y comprueban que ella y su pareja ofrecían a ciudadanos cubanos, que residían de forma irregular en España, la posibilidad de regular su situación.

Asimismo, establecen contactos en Cuba con personas interesadas en viajar a España en calidad de reagrupados; ambos métodos se realizaban vía matrimonio de conveniencia, por el que cobraban 6.000 euros, o bien falsificando certificados matrimoniales que permitieran tramitar un permiso de residencia por reagrupación familiar.

Posteriormente, los agentes descubrieron que los expedientes de reagrupación tramitados por la abogada se centraban en familias enteras de Cuba que eran introducidas en Gran Canaria a través de distintos matrimonios "encadenados".

También se descubrió que todas estas bodas eran de residentes en la localidad de Vecindario (Gran Canaria) y los propios reagrupados, de forma irregular, participaban tras divorciarse de mutuo acuerdo en nuevos enlaces para regularizar a compatriotas. Es así como "favorecían la inmigración irregular de otros compatriotas y recuperaban al mismo tiempo"parte del dinero invertido en su regularización.

Para descubrir esta trama se han analizado más de 100 expedientes fraudulentos y han investigado a 150 personas, que ha implicado ya la detención de 48 personas, la mayoría de origen cubano; gran parte del resto de implicados tenían como objetivo desplazarse en avión a México, utilizando la documentación obtenida en España, y después dirigirse por tierra a Miami.

Además, estos hechos han provocado que hijos nacidos en España de ciudadanos reagrupados de forma irregular, tuvieran legalmente reconocido como padre o madre a un falso contrayente.

En cuanto a la abogada y su pareja, los agentes también han descubierto que contaba con otra fuente de ingresos ilícita al margen de las regularizaciones fraudulentas, ya que ofrecían a parejas reales tramitaciones "rápidas"de expedientes de matrimonio en Gran Canaria.

Y es que aseguraban tener contactos en Cuba que les proporcionarían "rápidamente"la documentación requerida en España para tramitar los enlaces pero "en realidad les facilitaban documentos falsificados que, en la mayoría, de los casos eran detectados como tales y provocaban que los interesados fueran detenidos como presuntos autores de un delito de falsedad documental".

Esta investigación la ha llevado a cabo el Grupo I de la UCRIF de Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración de la Brigada Local de Extranjeros de la Comisaría de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana.