La Fiscalía implica al ex ministro del Interior en la matanza de una iglesia copta en Alejandría

Las acusaciones contra Adly se suman a otros cargos por quebrar el orden al retirar a la Policía de las calles con el estallido de las revueltas el 25 de enero, lo que provocó el caos reinante en la ciudad y una ola de saqueos y actos vandálicos al escaparse más de 3.000 criminales de las cárceles de El Cairo. El fiscal general, Abdal Mayid Mahmud, ha ordenado reabrir la investigación después de que algunos medios locales implicaran al ex titular del Interior en el atentado de Alejandría, que se le adjudicó a un grupo extremista cercano a Al Qaida, con el objetivo de acusar a los islamistas e incrementar el apoyo de las potencias occidentales al régimen de Hosni Mubarak. El ex ministro puso en marcha a lo largo de los últimos seis años un sistema especial de seguridad con una plantilla de 22 agentes, entre cuyos empleados había antiguos islamistas radicales, traficantes de drogas y trabajadores de empresas privadas de seguridad. El objetivo de este cuerpo era cometer actos de sabotaje dentro del país con el fin de apuntalar el régimen en caso de crisis política. Según la investigación de la Fiscalía, un responsable del Ministerio del Interior ordenó el 11 de diciembre del año pasado a Ahmed Mohamed Jaled –quien acababa de cumplir una pena de once años de cárcel– que contactara con un grupo Jundulá para organizar conjuntamente el atentado contra la iglesia de Al Qiddissin, en Alejandría. El grupo radical habría facilitado las armas, supuestamente procedentes de la Franja de Gaza, con el objetivo de «disciplinar a los coptos». Un líder de Jundulá, Mohamed Abdelhadi, reclutó a un hombre llamado Abdelramán Ahmed Alí para que trasladara los explosivos, aparcara su automóvil frente a la iglesia e hiciera detonar la carga por control remoto. No obstante, un empleado del Ministerio del Interior activó el explosivo antes de que el recluta de Jundulá tuviera tiempo de salir del automóvil. El 28 de enero, Abdelhadi se dirigió a la Embajada británica en Egipto, y allí lo contó todo: había sido utilizado por el Gobierno para cometer atentados terroristas.