OPINIÓN: De la necesidad de actuar y cómo

En toda administración hay que tratar con el origen y la aplicación de fondos. España ha sufrido un problema de aplicación de fondos. Desde el año 2003, en vez de dedicar los fondos del estado a desarrollar una industria fuerte y competitiva, enfocada al mercado exterior, con capacidad de innovación y expansión, se ha dedicado el dinero a vagos proyectos con vocación partidista, gastos innecesarios y en absoluto acordes con una visión clara de «bien del estado». No ha existido la «gestión política».
La situación actual es dramática. España no puede sobrevivir sin industria. El ciclo económico tiene su base en los ingresos de la población activa y los cimientos de la pirámide de empleo están en la industria. Si hay industria, habrá construcción, obra pública, servicios y cualquier otra fuente de actividad. Sin ella, los demás sectores se fundamentan en pies de barro.
Ahora, con las arcas vacías, deuda incalculable y una enorme desilusión ciudadana, ¿cómo regenerar un sector industrial fuerte y capaz de cumplir con su función de pilar económico?
Para crear una industria potente y una sociedad emprendedora que esté dispuesta al riesgo empresarial, hace falta atacar en cuatro factores básicos: Financiación, fiscalidad, política laboral y coste de la energía. Las reformas a aplicar supondrán un importante esfuerzo económico y político, además hay que hacerlo rápidamente, asegurando el éxito y evitando acciones fraudulentas.
Si nuestros gobernantes son capaces de estructurar líneas de apoyo a la empresa en estos aspectos, España podrá reindustrializarse, incluso instalar plantas de fabricación en territorio nacional que, por razones obvias, escapan a zonas más favorables.
Las ayudas en financiación y en carga fiscal deben enmarcarse en proyectos definidos, con expectativas mensurables y sujetos a control y seguimiento y pueden estructurarse, de manera eficaz y flexible, según la situación de cada empresa y el proyecto que presente.
La flexibilidad laboral es fundamental para la competitividad y así debe ser asumido por todos los actores.
Por otro lado, España tiene un coste energético por encima de la media europea y muy por encima de los EE.UU. Si no se consiguen mejoras en estos cuatro aspectos, podemos pensar en innovación, en I+D, en nuevas tecnologías o cualquier otra cosa, pero la empresa y, especialmente, la industria española seguirá siendo incapaz de crecer y competir. Hay que conseguir que en España vuelva a haber ilusión por crear negocio, sano y sostenible. Para esto hay que preparar el terreno.
Si analizamos la situación, a rasgos generales, nos encontramos con: Incremento paulatino del desempleo, desintegración continua del tejido industrial, altísimo volumen de impagos, falta de financiación, falta de ánimo emprendedor, desmotivación de los RRHH y disminución progresiva del ingreso y de la inversión pública.
Para salir de este remolino y hacer eficaces las reformas en los cuatro factores mencionados, es urgente preparar y acometer planes de acción inmediata para el desarrollo industrial, a los que se unirán los necesarios planes estratégicos que garanticen la sostenibilidad y la mejora continua. Estos planes de acción deben ser; ad hoc para cada sector con desarrollo potencial en su área geográfica, estudiando un grupo semilla empresarial y llevándolo al punto de partida de competitividad, fomentando la «atracción de inversión» y la implantación de nuevas empresas, desarrollando la colaboración empresarial y la búsqueda de sinergias, logrando la motivación de todos los integrantes de las plantillas productivas.
Estos planes de acción se asociarían, una vez definidas las posibilidades de actuación sobre los cuatro factores especificados, a la creación de dos «centros de funcionamiento» territoriales.
Un centro de «atracción de la inversión» y un centro de «ayuda al desarrollo». A través de estos centros, se formula una política de actuación beneficiosa para todas las partes implicadas, centrando su actividad en: Conocer lo existente, promover la inversión e implantación industrial, regular las ayudas disponibles, apoyar la elaboración de proyectos específicos de desarrollo empresarial y establecer objetivos mensurables para los solicitantes, que permitan seguimiento, control y actuación inmediata en caso que se detecten desviaciones negativas en su evolución. Se necesita esfuerzo en la creación de negocio, la disminución permanente de gastos como único camino, lleva ineludiblemente al colapso y cierre industrial.
Dotar a la industria de los medios adecuados y necesarios para poder alcanzar la competitividad debe ser el trabajo de la nueva legislatura. Controlar y guiar por el camino adecuado la aplicación de estas dotaciones debe ser un trabajo conjunto entre la industria y las instituciones. Esto se puede lograr mediante la creación regional de los centros de inversión y desarrollo mencionados, que han de estar en perfecta coordinación con las instituciones y administraciones y dirigidos por profesionales de la gestión, quienes se encargarán, junto con empresarios y emprendedores, de la definición de planes de acción específicos para sectores e industrias y de la aplicación de las medidas necesarias para alcanzar el grado de competitividad inicial que se defina como punto de partida. Al igual que se plantea una correspondencia entre la productividad y la retribución, podemos plantear una correspondencia entre la ayuda y el objetivo, siempre controlando el proceso.
Cada ayuda estaría asociada a un proyecto y un compromiso común de resultados, de forma que, una vez conseguido el resultado, éste quedara documentado dando razón de la rentabilidad de la actuación y la inversión realizada. Cada proyecto se estudiaría de acuerdo con un desarrollo de mercado, buscando, en consecuencia del «plan de acción» inmediato, la integración en un «plan estratégico» que podría tener diferentes alcances, encontrando soluciones en base a mercado, producto y sinergias empresariales.
Este escenario propone un camino de crecimiento sostenido por realidades y, de alguna manera, garantizado por compromisos específicos que involucran a todas las partes implicadas, además de incorporar la «gestión» en la totalidad de su concepto; gestión productiva, gestión económica y gestión política.

Ignacio Sanz
Ingeniero Industrial ICAI y licenciado en Derecho